Buenos Aires, 7 de enero.

El gobierno de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, decidió asumir la administración del Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica (Focede) de las empresas de electricidad privadas Edesur y Edenor, que asciende a más de 215 millones de pesos (unos 32 millones de dólares), destinado a obras para la distribución de energía, por considerar que éste no fue utilizado debidamente durante los recientes apagones que afectaron esta capital y sus alrededores.

Al 20 de diciembre el saldo de estos fondos, procedentes de un cobro especial a sus clientes, era de más de 161 millones de pesos para Edenor y más de 54 millones para Edesur, lo que será utilizado de inmediato para resolver las prioridades en zonas donde aún se mantienen los cortes de luz, que afectaron a la población de esta capital y otros lugares en plena ola de calor que superó récords en el país en diciembre de 2013.

La resolución fue publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Planificación, Julio de Vido, y la responsabilidad por los fondos pasa a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión de ese ministerio, la cual debe definir rápidamente qué obras se realizarán con estos recursos, constituidos mediante el cobro de un monto fijo adicional que pagaron los ciudadanos.

Hubo negligencia

El Focede fue creado en noviembre de 2012 por una resolución del Ente Regulador de la Electricidad (Enre) y que autorizaba a las distribuidoras Edenor y Edesur a percibir una cuota pagada por consumidores destinada exclusivamente a inversiones.

En las precisiones de esta medida se explica que los fondos remanentes mencionados, de no haber sido por la actitud negligente de las concesionarias, debieron aplicarse a obras que hubieran atenuado, al menos parcialmente, la situación del público.

De la misma manera el Enre emitió cuatro notas en que solicitó a las distribuidoras de energía eléctrica cumplir sus obligaciones bajo apercibimiento de sancionarlas conforme al marco normativo vigente.

Ante la crisis energética, que aún mantiene barrios sin luz y sin agua, las inversiones que se realicen en la red eléctrica dentro del área de las concesionarias Edenor y Edesur serán administradas y decididas por Planificación a través de la Subsecretaría de Coordinación y Control y de Gestión.

La semana pasada, el gobierno de la provincia de Buenos Aires tomó una medida similar con las distribuidoras que operan en ese distrito, disponiendo la creación de un fondo de inversión a cargo del Estado provincial.

Asimismo, el gobierno oficializó los resarcimientos que deberán abonar a sus clientes ambas distribuidoras eléctricas por los cortes de luz de diciembre último.

Los montos se considerarán a partir de la cantidad de horas que los usuarios estuvieron sin suministro eléctrico, lo que será una suma importante, considerando que hay sectores que llevan más de 20 días sin luz y el pago será por día.

En otro orden, y coincidiendo con el regreso de la presidenta Fernández después de unos días de descanso en la provincia de Santa Cruz, donde reside, se pondrá en marcha un estricto acuerdo de precios que deberá regir a partir del próximo 13 de enero con una canasta asegurada de productos básicos.

Esto implica que habrá severa vigilancia ante algunos intentos de desabastecimiento que denunciaron vecinos en estas horas, de parte de algunos sectores que no parecen dispuestos a cumplir con el acuerdo logrado con la mayoría de los comercios.

Dentro de una arremetida de los medios masivos de comunicación opositores este día, hubo momentos de tensión cuando se anunció que el gobierno había decidido cobrar el impuesto a bienes personales (inmuebles) ajustándolo al precio del mercado y no a su valoración fiscal, como funciona hasta ahora.

De inmediato la mandataria señaló que es falso que el gobierno haya optado por una medida semajante, cosa que confirmó en conferencia de prensa el ministro de Economía, Axel Kicilof.

Sedición policial

Con la actuación de las justicias provinciales, como en el caso de Tucumán y Entre Ríos, hoy se confirmaron en la primera provincia mencionada las prisiones preventivas para ocho policías, acusados de sedición y otros delitos durante el acuartelamiento de esa fuerza que derivó en saqueos a comercios y viviendas y asoló a otros lugares del país durante la primera quincena de diciembre pasado.

La decisión se tomó con base en pruebas concretas como fotos, filmaciones, testimonios y actas, que demostrarían la participación de los policías en el alzamiento. Hay otros 90 detenidos en esa misma provincia cuya situación aún no se resuelve.

En tanto, la procuración de justicia de Entre Ríos desconoció el acuerdo salarial firmado en esa provincia, debido a que los policías que lo exigen no sólo cometieron otros graves delitos, sino fueron a negociar el supuesto aumento salarial con el gobernador Sergio Uribarri, armados y en una actitud violenta que fue considerada extorsiva.

Cada acción en las provincias está demostrando lo que se sospechó desde un primer momento: un paro que dejó el territorio desprotegido contra los saqueos en los que colaboraron grupos entrenados que a bordo de motocicletas atacaron comercios y rompieron vidrieras para facilitar los robos a comercios. Muchos de los objetos robados fueron posteriormente encontrados en los hogares de familiares de los uniformados.