La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inicia mañana la discusión sobre la constitucionalidad de leyes que permiten a la Procuraduría General de la República (PGR) localizar geográficamente, en tiempo real, teléfonos móviles ligados a la investigación de delitos graves, sin necesidad de que un juez federal apruebe la medida.

El proyecto de dictamen, elaborado por la ministra Margarita Luna Ramos, valida la medida por considerar que debe prevalecer la persecución de los delitos por encima del derecho a la intimidad; sin embargo, hay ministros que piensan que la medida es inconstitucional, porque el artículo 16 de la Carta Magna es muy claro en que todo acto de molestia debe ser producto de una decisión judicial.

Fuentes judiciales anticiparon que se espera un debate intenso del pleno cuando analice esta acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Telecomunicaciones, porque jugará un papel determinante para las facultades futuras del Ministerio Público en menoscabo de las atribuciones de los jueces federales.

Como parte de esta estrategia legal del Estado mexicano en el combate a la delincuencia, recientemente el Senado aprobó el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que faculta al procurador general de la República a solicitar a los concesionarios la ubicación geográfica en tiempo real de equipos de comunicación asociados a una línea que se encuentren involucrados en un delito.

A diferencia de las normas que analizarán los ministros a partir de este jueves, en los que la PGR justifica las normas impugnadas con el argumento de que se trata de dar celeridad a la investigación de delitos graves relacionados con el crimen organizado, secuestro y extorsión, la legislación avalada por los senadores, que está a la espera de ser enviada a la Cámara de Diputados, no estipula en qué casos el procurador o funcionario en el que delegue dicha facultad podrá solicitar la información a los concesionarios.

Además, a éstos les podrá requerir la conservación inmediata de datos contenidos en redes, sistemas, o equipos de informática, hasta por un máximo de 90 días en delitos relacionados con medios informáticos.

La CNDH considera en su demanda que la ley es ilegítima, pues otorga facultades discrecionales a la PGR para invadir la intimidad en las comunicaciones. Ministros señalan que, independientemente de la importancia de localizar geógraficamente teléfonos involucrados en de delitos, la autorización para solicitar la información a los concesionarios debe partir de un juez federal que sopese las circunstancias e incluso, verifique si existe denuncia que dé lugar a la ubicación del aparato.