e acuerdo con información difundida ayer por la agencia de noticias Dpa, una alta funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que es extremadamente preocupante la violencia y la pérdida de gobernabilidad que se vive en Michoacán; caracterizó la circunstancia que atraviesa esa entidad como escenario de comunidades que ya están bajo presión por las organizaciones narcotraficantes y criminales, y ahora se hallan en medio de una batalla entre aquellos que afirman que protegen a esas comunidades y las que las usan en su propio interés; también dijo que los ciudadanos afectados no reciben el apoyo que necesitan del gobierno central o local. Por añadidura, la funcionaria aseguró que Estados Unidos está listo para proporcionar asistencia al gobierno mexicano en las labores de seguridad emprendidas hace unos días por fuerzas federales en la entidad.

Sin desconocer la gravedad de los hechos que ocurren en territorio michoacano y el carácter preocupante que revisten para la gobernabilidad de la región y del país, los señalamientos de la funcionaria resultan inoportunos e improcedentes en la medida en que la situación descrita por ella es un asunto interno de México, cuya solución compete exclusivamente a los mexicanos. No hay razón para que una autoridad extranjera aborde el tema ni emita opiniones en ningún sentido en torno al asunto.

Por lo demás, el planteamiento de una eventual asistencia del gobierno estadunidense en el conflicto michoacano es preocupante, a la luz del precedente inmediato de una colaboración entre los gobiernos de Estados Unidos y México que resultó en una supeditación del segundo al primero y en la adopción, por las autoridades del país vecino, de funciones de seguridad que corresponden exclusivamente a las nacionales.

Así sucedió, en efecto, durante el sexenio de Felipe Calderón, en el contexto de la Iniciativa Mérida: la inaceptable cesión de soberanía protagonizada por la pasada administración con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico derivó en una dependencia casi total respecto de Washington en materia de seguridad, inteligencia y política exterior, sin que ello se haya traducido en la reducción de los niveles de violencia delictiva en nuestro país, como demuestran los enfrentamientos entre presuntos narcotraficantes y grupos de autodefensa en Michoacán. Por el contrario, el involucramiento de Estados Unidos en los ámbitos mencionados dejó como saldo multiplicación de la violencia y pérdida creciente de paz social y gobernabilidad, y de paso exhibió a Washington como aliado poco confiable e inescrupuloso, capaz de proveer de recursos bélicos a las organizaciones delictivas a las que supuestamente ayudaba a combatir, como sucedió con los operativos Rápido y furioso y Receptor abierto.

La emergencia de inseguridad e ingobernabilidad que se vive en Michoacán es una problemática que requiere la recuperación del control territorial por el Estado y el restablecimiento de la legalidad en los puntos donde ha sido anulada. Un primer paso es que las autoridades federales eviten repetir los errores que cometieron sus antecesores en el cargo, empezando por tolerar y alentar el intervencionismo de Washington, por norma disfrazado de asistencia militar y policial, que empieza por lo regular en forma de declaraciones como la emitida ayer por una fuente anónima del Departamento de Estado.