Toluca, Méx., 15 de enero.

El gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, cedió a la presión de los sindicatos Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) y retiró este miércoles su propuesta para castigar con cárcel, despido e inhabilitación a los profesores que falten a sus labores para participar en manifestaciones.

En una carta, el secretario de Educación, Raymundo Martínez Carbajal, solicitó a la Junta de Coordinación Política del Congreso local el retiro de la iniciativa de reformas al Código Penal, al de Procedimientos Penales y a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que ya había sido incluida en la agenda del periodo extraordinario de sesiones que se desahogará el próximo viernes.

Ante la inminente aprobación de la iniciativa, que ya contaba con el respaldo de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Acción Nacional, los dirigentes de las secciones 17 y 36 del SNTE y diputados de Nueva Alianza se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Educación para pedirles una explicación sobre lo que consideraban un exceso.

La dirigencia nacional del SNTE envió a Toluca a Alfredo Valles Mendoza para que pidiera al gobierno mexiquense retirar la propuesta.

La iniciativa generó inconformidad entre maestros federalizados y estatales, quienes consideraron que se pretendía violar sus derechos a la libre expresión y a la libre manifestación. No calcularon bien, porque las cosas habían estado tranquilas, sin muchas movilizaciones por la reforma educativa, pero las bases se pusieron muy intranquilas, dijo un integrante de la directiva del SMSEM.

Gustavo Michua, dirigente de la sección 17 del SNTE, comentó que al enterarse de la propuesta hicimos contacto con las autoridades y tras largas horas de negociación se resolvió retirarla.

En un comunicado, Raymundo Martínez señaló que mientras no haya consenso con las secciones 17 y 36 del SNTE y con el SMSEM no se presentará ésta ni otra iniciativa similar.

El planteamiento del gobernador era castigar con prisión de cinco a 10 años a docentes que se ausentaran de sus labores sin causa justificada, con el argumento de garantizar el derecho a la educación. Además preveía la destitución inmediata de los profesores acusados y su inhabilitación de dos a ocho años para ocupar cargos públicos.

Los dirigentes magisteriales recordaron en sus reuniones en la Secretaría de Educación que Eruviel Ávila prometió que las reformas en materia educativa se consensuarían con el magisterio porque no queremos hacer nada a sus espaldas, porque no tenemos nada que esconder.