Madrid, 15 de enero.

En un hecho poco habitual en la justicia española, el fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, arremetió contra el juez instructor José Castro, por imputar y citar a declarar a la hija de los reyes de España, la infanta Cristina, por su presunta vinculación con la trama de corrupción, desvío de recursos públicos y blanqueo de capitales que dirigió su marido, Iñaki Urdangarin. El fiscal acató la postura del gobierno español, del presidente conservador Mariano Rajoy, y acusó al magistrado de basarse en una teoría conspiratoria que no tiene ningún fundamento.

El caso está en un momento de especial interés para la opinión pública, ya que después de varios años de investigación finalmente el juez Castro decidió citar como imputada, para el próximo 8 de febrero, a la infanta Cristina, a la que se le atribuye conocimiento de causa en los cargos contra su esposo. El que una princesa, en la línea de sucesión al trono, sea citada a declarar en una causa delictiva, es un hecho sin precedente en las monarquías europeas, que pone en entredicho la supuesta ejemplaridad de la casa real.

En su escrito, Horrach reclamó a Castro que antes de que testifique la infanta Cristina cite como peritos a los inspectores de la Agencia Tributaria que han realizado los informes del caso, quienes, asegura, exoneraron de cualquier responsabilidad penal y civil a la hija de los reyes. El fiscal afirma que las personas investigadas han sido objeto de imputaciones e insinuaciones relativas al encubrimiento de intereses espurios ajenos al cumplimiento de su labor profesional; teoría conspiratoria sobre la que el propio magistrado se apoya para justificar la existencia de indicios delictivos que avalen la imputación de doña Cristina de Borbón.

Horrach insistió en que antes de interrogar a la infanta, se tome declaración a los inspectores de Hacienda que investigaron la actividad económica de Cristina en la empresa Aizoon, de la que es copropietaria con Urdangarin. El esposo de la infanta habría utilizado esta organización como pantalla para defraudar y desviar dinero público.

El ex deportista está imputado desde hace dos años, sospechoso de haberse apropiado junto a su ex socio de 6 millones de euros del erario cuando estaba al frente del Instituto Nóos, organización sin ánimo de lucro vinculada al mundo del deporte.

“Si el propio juez pone de manifiesto ‘dudas’ acerca de la apariencia delictiva de las conductas de naturaleza tributaria atribuidas a doña Cristina de Borbón (...) convendrá que es imperativo citar a quienes pueden y deben despejar sus dudas”.

En otro orden, varias manifestaciones se realizaron este miércoles en distintas ciudades de España en apoyo a los vecinos de Burgos, que desde hace días se oponen a un proyecto costoso e inútil en tiempos de crisis. Desde el viernes, la reforma de una calle de Burgos, en el centro-norte de España, ha llevado a miles de personas a movilizarse contra un gasto que consideran superfluo, con manifestaciones que han obligado al alcalde de la ciudad a anunciar la paralización de las obras.

Este miércoles, miles de personas se manifestaron en Madrid para exigir la retirada definitiva del costoso proyecto para modificar una arteria del barrio de Gamonal, en Burgos, así como la puesta en libertad de tres jóvenes detenidos preventivamente.