La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se negó a pedir a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) esclarecer las presuntas agresiones de militares contra civiles en la tenencia de Antúnez, municipio de Parácuaro, Michoacán, y requerir una investigación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR). Únicamente acordó ‘‘solicitar información’’ al gobierno federal sobre esos hechos.

A propuesta del senador Alejandro Tello (PRI), el pleno modificó el sentido original de un punto de acuerdo planteado por el PRD, en el que solicitaba a la Sedena colaborar en la investigación y puesta a disposición de los militares presuntamente responsables de disparar a ciudadanos desarmados la noche del lunes, en el inicio del desarme de las autodefensas en Tierra Caliente.

No obstante, se requirió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indagar la agresión y determinar si se cometieron violaciones graves a las garantías individuales.

Senadores y diputados de todos los partidos se refirieron al incremento de la violencia en Michoacán y cuestionaron, con matices, el surgimiento y expansión de las denominadas autodefensas.

Asimismo, legisladores de PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano lamentaron la tardía intervención del gobierno federal para tratar de frenar la violencia en Michoacán, porque el operativo policiaco-militar se da a 13 meses de iniciado el sexenio y no es –acusaron– integral.

Previamente, en entrevista, el coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones, dijo que resolver el problema de la violencia en ese estado ‘‘no es fácil y los resultados no los veremos de inmediato, pero los conseguiremos y serán positivos’’.

Beltrones Rivera consideró acertada la decisión del gobierno federal de hacerse cargo de la seguridad en Michoacán, y aun cuando señaló que se debe actuar ‘‘con enorme firmeza’’ para conseguir la paz, la solución está en el ‘‘orden y la legalidad, más que en la fuerza’’.

En el Salón Verde de la Cámara de Diputados, Tello justificó que la presencia militar en Tierra Caliente ‘‘es necesaria para garantizar la seguridad y desarrollo libre de los ciudadanos bajo el imperio de la ley’’. Además, sostuvo que el operativo se explica porque el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió ‘‘enfrentar el desafío con todos los medios a su alcance’’.

El senador panista Juan Carlos Romero Hicks reprochó el crecimiento de las autodefensas. ‘‘Parácuaro y otros municipios de Michoacán no son Fuenteovejuna. No podemos tener regímenes de excepción donde ocurren situaciones de rebeldía, entendibles pero injustificadas’’.

Por su parte, el senador David Monreal Ávila (PT) explicó que la creación de policías comunitarias ‘‘es el resultado de la nula estrategia para combatir el crimen organizado. Se colombianizó Michoacán bajo el esquema de crear un grupo aparentemente ciudadano, al que se tolera, financia, se deja operar y al final lo desgracian matando a sus integrantes’’.

Finalmente, el vicecoordinador del partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, propuso constituir una comisión especial que coadyuve a la solución del conflicto social y de seguridad en Michoacán, pero su planteamiento no tuvo eco en la mayoría PRI-PAN-PVEM.