Al instalar ayer el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó: Hacer justicia no sólo implica que los culpables reciban el castigo y la sanción que la ley prevé y merecen sino, también, reivindicar los derechos de las víctimas.

Instruyó a la conformación inmediata del registro nacional de víctimas porque, agregó, la dignidad de una nación también se expresa en la calidad de la atención y el trato institucional para aquellas.

Somos conscientes de que aún tenemos camino por recorrer en materia de derechos humanos, pero estoy convencido de que estamos avanzando en la ruta correcta, indicó.

En Los Pinos –en un acto originalmente programado a puerta cerrada y abierto de última hora a los medios de comunicación–, el mandatario encabezó la ceremonia donde una vez más expresó el compromiso indeclinable del gobierno de la República con las víctimas del delito y con quienes han padecido, lamentablemente, violaciones a sus derechos humanos, referidos a actos perpetrados por la autoridad.

Se refirió a la Ley General de Víctimas, promulgada al inicio de su administración y luego sujeta a reformas, como un ordenamiento de vanguardia.

Ahora, aseguró Peña Nieto, somos también uno de los primeros países que establece un ordenamiento legal para garantizar la protección del Estado a las víctimas del delito.

Con la creación de un sistema nacional para tal efecto y la instalación de una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas como órgano vigilante y de control de ley, nace legalmente la instancia rectora del Estado mexicano encargada de definir y aplicar la política pública para los afectados por la violencia.

La comisión ejecutiva consta de siete integrantes y es resultado de la transformación de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (Províctima). Se trata, además, de un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, para cumplir con sus atribuciones.

Además de diseñar programas y acciones de coordinación entre los órdenes de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, la comisión tendrá como metas: que las víctimas puedan ser tratadas por las autoridades respetuosa, sensible y humanamente; recibir asistencia, atención y protección del Estado, salvaguardando su integridad física y sicológica; tener acceso a la reparación integral del daño que padecieron; conocer la verdad sobre el delito que sufrieron, y ser informados con precisión del proceso penal contra sus agresores.

Ahí mismo, el mandatario subrayó tres acciones esenciales de la comisión, como órgano ejecutivo del Sistema Nacional: construir el registro nacional de víctimas; definir las reglas de operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, y determinar las medidas de asesoría jurídica que los tres órdenes de gobierno brindarán a las víctimas.

En la ceremonia participaron, entre otros, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza: el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Mancera; el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, así como la comisionada nacional de atención a víctimas, Olga Noriega.

Peña Nieto solicitó la inmediata adecuación de las legislaciones locales al contenido de la Ley General de Víctimas y pidió que se realice una amplia consulta ciudadana para elaborar el programa integral de atención en la materia, retomando las mejores propuestas e ideas de especialistas y actores de la sociedad civil.