San Cristóbal de las Casas, Chis., 15 de enero

El ejido de Tila, en la zona norte del estado, denunció una vasta operación de despojo de terrenos ejidales en la cabecera municipal de Tila (donde se ubica una parte de sus tierras), encabezada por el gobierno municipal y algunos líderes de comerciantes sin derechos ejidales, e incluso sin residencia en el lugar. Los órganos de representación ejidal, adherentes de la Sexta declaración de la selva Lacandona, dirigieron su protesta a la junta de buen gobierno zapatista Nueva semilla que va a producir, en el caracol cinco de la Zona Norte, y a la comandancia del EZLN.

Los ejidatarios denuncian que, con el apoyo del gobierno del estado, el presidente municipal Limberg Gregorio Gutiérrez Gómez y un pequeño grupo de vendedores ambulantes dependientes de la CROC, procedentes de algunas comunidades y encabezados por Jesús Gilberto Gutiérrez Pérez, pretenden despojar parte del ejido para establecer un centro comercial sin el consentimiento de la asamblea general, violando así los articulos 22, 23 y 43 de la Ley Agraria.

Los ejidatarios choles subrayan: Cualquier acto que tenga por objeto enajenar, prescribir o embargar dichas tierras será nulo, nuestras tierras son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Este supuesto centro comercial según para ellos es para dar mejor imagen al pueblo, pero únicamente es para sus propios intereses y lo que quieren es confrontar a los campesinos, (que) no queremos nada con el mal gobierno. Lo que viene del gobierno no es desarrollo, sino explotación, esclavismo y discriminación.

Responsabilizan al edil, a Gutiérrez Pérez y otro reducido grupo de vendedores dirigido por Vicente Ramírez Jiménez, de cualquier confrontación que pueda suceder. Los ejidatarios se declaran propietarios de las tierras; sólo ellos pueden determinar su uso en asamblea general de ejidatarios. Refieren que el edil y el síndico municipal Sandro Abel Estrada Gutiérrez firmaron un convenio con un reducido grupo de comerciantes el pasado primero de octubre, sin contar siquiera el acuerdo de todos los comerciantes, para efectuar el desalojo.

El primer grupo de vendedores, sin atribución legal alguna, ya ha confrontado a la población. En la fiesta de Corpus Cristi, en mayo, se pusieron muy violentos cuando el fomento agrario nombrado en la asamblea general distribuía los espacios del comercio ambulante. Con el edil, aquellos fomentan la violencia. Los ejidatarios advierten que no cambiarán sus tierras por obras o regalías. No obstante, el 10 de diciembre, el ayuntamiento presentó la maqueta de un supuesto centro comercial y dijo trabajar de la mano pueblo y gobierno, con supuesta unidad. El alcalde nunca respeta al pueblo y mucho menos las leyes; sabe que no cuenta con ningún perímetro para la presidencia y que está ejerciendo sus funciones en un territorio ejidal.

Añaden que tienen ganado un amparo (números 259/1982 y 723/2000), pero los oficialistas siguen despojando al ejido sin ser llevados a juicio, pues los que imparten justicia son los mismos corruptos que apoyan al mejor postor. Los gobierno de cualquier nivel, deben de respetar nuestras formas de vida, proteger los derechos y consultar cada vez que sea necesario sobre el destino de nuestras tierras. Ya estamos cansados y como no pasa nada, no son enjuiciados. Los comerciantes que firman convenios no son ejidatarios, y aunque lo sean, todo debe ser por acuerdo de la asamblea general, que es la máxima autoridad.

Los indígenas se declaran en alerta máxima. Dicen que defenderán sus tierras cueste lo que cueste; si tocan a una parte del ejido, tocan a todos los ejidatarios.