Ante el vacío legal en la legislación secundaria que regule la propaganda gubernamental, ha habido un furor escandaloso desatado por los servidores públicos de distinto nivel en el país de rendir cuentas a la sociedad. Nunca antes se presentaron tantos informes, aseguró con ironía el consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Lorenzo Córdova. Incluso sin obligación legal se rinden informes en tanto que el Congreso no ha complementado la reforma de 2007-2008 para regularlo.

Durante el prolongado debate en el que el IFE declaró unánimemente su incompetencia para investigar la queja panista contra el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, los consejeros electorales cerraron filas ante los reclamos de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) por sancionar en el caso. El IFE remitió el tema al instituto electoral chiapaneco para que decida si hubo violaciones a la ley.

Frente a los reclamos partidistas, los consejeros argumentaron el vacío legal como fundamento para su resolución. Comparto la indignación que no se restringe a la conducta y hecho del gobernador de Chiapas. Desgraciada y tristemente otros partidos, otros servidores elegidos por el voto han hecho lo mismo. Los informes se han convertido en un pretexto para hacer propaganda personalizada sobre un informe que no existe y eso viola el espíritu de la norma y ustedes, partidos, tienen forma de corregirlo, sostuvo la consejera María Marván.

A su vez, Marco Antonio Baños fue más enfático en involucrar al Poder Legislativo sobre su responsabilidad en encontrar una resolución. Es la segunda ocasión, dijo, que en una reforma se incluye un transitorio para que el Congreso elabore la legislación reglamentaria del artículo 134 constitucional que regula la propaganda gubernamental. Hay una necesidad evidente de elaborar la legislación secundaria.

Panistas y perredistas coincidieron en criticar el denominado modelo Peña Nieto de promoción personalizado y reclamaron a los consejeros entrar al fondo de la queja por la presunta inversión millonaria de recursos públicos.

El senador Javier Corral consideró que el IFE era competente para revisar la queja, en tanto que su correligionario, Rogelio Carbajal, consideró que al remitirlo al instituto local de Chiapas se cancelaba toda investigación y sería lamentable que dos autoridades electorales nos dijeran que son incompetentes.

Para el perredista Fernando Belaunzarán, la omisión del Congreso no podría justificar a su vez una inacción del IFE en la materia. Reconoció la necesidad de regular el tema pero con los criterios vigentes consideró viable proceder.

A su vez, los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) defendieron la resolución con el argumento de que estaba sostenido en los precedentes dictados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, e incluso los representantes ecologistas reviraron aludiendo a la difusión del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle y del coordinador de los diputados perredistas, Silvano Aureoles.