a entrada en vigor de la reforma fiscal aprobada y promulgada en el último trimestre de 2013 conlleva la activación de directrices que prácticamente convierten a las instituciones bancarias en brazos fiscalizadores de las autoridades hacendarias. Un aspecto destacado de esto último es la fiscalización de las operaciones realizadas con tarjetas de crédito y de los pagos correspondientes, que a partir de este mes son consideradas por el Servicio de Administración Tributaria como una parte de las erogaciones de los contribuyentes y serán cotejadas con los ingresos que éstos declaren al fisco. A ello se suman otras medidas, como la obligatoriedad de que los bancos reporten los depósitos mensuales en efectivo superiores a 15 mil pesos, lo que debe entenderse como un sucedáneo a la eliminación al impuesto de depósitos en efectivo.

Debe señalarse, en primer lugar, que en un contexto como el actual, marcado por la falta de empleo, las alzas generalizadas en impuestos, tarifas, productos de primera necesidad y servicios, así como la escasa liquidez que afecta a la economía, el uso recurrente de la tarjeta de crédito como una forma de complementar el ingreso termina por volverse una práctica común. A ello debe sumarse el hecho de que son los propios bancos los que, por lo general, impulsan las estampidas de otorgamiento de las tarjetas e incrementos en las líneas de crédito de sus usuarios, incluso sin reparar en el nivel de ingreso de éstos.

En dicha circunstancia, surge la posibilidad de que las autoridades tributarias se alleguen información distorsionada sobre los ingresos de los contribuyentes y que éstos queden expuestos a señalamientos injustos de supuesta evasión fiscal y a un mayor ensañamiento tributario. Lo anterior, a su vez, podría desincentivar el uso de la banca y multiplicar las transacciones en efectivo y por fuera del sistema bancario, lo que acabaría por dificultar aún más las tareas de fiscalización de la sociedad.

Por lo demás, la adopción de medidas como las comentadas, claramente orientadas a reforzar los controles sobre contribuyentes cautivos o evasores menores, contrastan con la continuidad en la política gubernamental de condonación de adeudos fiscales a gran escala. Debe recordarse que durante 2013 el gobierno federal perdonó adeudos fiscales por al menos 177 mil 109 millones de pesos, cifra equiparable al monto que se prevé obtener con la reforma fiscal, comentada: 180 mil millones de pesos. En la medida en que persistan el trato fiscal inequitativo, el gobierno carecerá de autoridad moral para exigir un mayor sacrificio a las mayorías afectadas por las recientes modificaciones en materia impositiva.

Finalmente, la circunstancia comentada es un motivo adicional para que los tarjetahabientes procuren, en la medida de lo posible, hacer un uso moderado y cuidadoso de sus créditos, los cuales de por sí están expuestos al cobro de comisiones e intereses exorbitantes y a diversas formas de defraudación y, a partir del mes en curso, al escrutinio de la autoridad fiscal.