A pesar de ubicarse entre los tres estados con mayor producción agrícola y forestal del país, el campo michoacano está en estado de postración, afirmaron dirigentes del sector, quienes señalaron que la inseguridad y la falta de apoyos para la producción agroalimentaria alentó la migración de cientos de familias.

En entrevistas por separado, Francisco Jiménez, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), y Víctor Suárez, de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo (ANEC), afirmaron que sin financiamiento y asolados por la extorsión del crimen organizado, muchos productores sólo cultivan para el autoconsumo, porque no están en riesgo la cosecha y la tierra, sino la vida.

Jiménez, integrante de la dirigencia nacional de la CNPA, señaló que no sólo la producción de limón y aguacate se ha visto afectada en el estado, el pago de cuota se aplicó a toda la producción agrícola. Los jornaleros deben entregar 20 de los 80 pesos de su salario diario. Los dueños de la tierra pagan 120 pesos por cada hectárea de cultivo al mes, además de un mínimo de mil pesos por hectárea de maíz, y las bodegas deben entregar al menos 100 pesos por cada tonelada de este grano.

Sin apoyos para la producción, con bajos precios en la comercialización de granos y hortalizas, y sin políticas de estado para el rescate del campo, Suárez afirma que el saldo después de 20 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue la “expulsión de miles de campesinos de sus tierras y comunidades, y la llegada de narcos para controlar la producción de alimentos”.

Destacó que desde hace dos décadas el agro dejó de ser importante para el Estado mexicano, y los vacíos que dejó han sido ocupados por el crimen organizado. Durante 20 años la inversión pública ha sido inexistente, no ha crecido la economía agropecuaria, mientras los precios de granos básicos han estado por debajo del costo de producción, además de que no hay rentabilidad en el sector ni oportunidad de trabajo para los jóvenes.

Estas condiciones, explicó, afectan a todos los estados, pero en Michoacán se agudizan ante la presencia del crimen organizado, porque controlan toda la economía rural. Cobran cuota por sembrar, por cosechar, por transportar y comercializar sus productos. El campesino siembra su tierra, pero cada hectárea de maíz tiene un costo de producción de 18 mil pesos, y si genera seis toneladas de grano, recibirá esa misma cantidad, a lo que debe sumarse el pago de la extorsión.

Considerado uno de los principales productores nacionales de aguacate, limón y fresa, Michoacán también destaca por sus cosechas de cereales y forrajes, que representan 68 por ciento de su superficie de cultivo; otro 26 por ciento está destinado a frutas y hortalizas, aunque estas últimas representan más de 70 por ciento del valor de su producción agrícola.

Jiménez señaló que la extorsión del crimen organizado no sólo afecta a los campesinos, sino a todas las ramas productivas. “Los caballeros templarios cobran 8 pesos por cada kilo de carne de res que se produce en el estado, y cinco pesos a los carniceros por cada kilo vendido. Se estima que de cada uno de los 113 municipios michoacanos obtienen 1.5 millones de pesos al mes por cobro de cuotas”, puntualizó.