Las reformas en materia político-electoral abrirán la puerta, por vez primera en la historia moderna, a los gobiernos de coalición.

Esa circunstancia permitirá que los gobiernos surgidos de una conjunción de fuerzas impulsen programas que sean respaldados por la mayoría en el Congreso. En ese rubro, se contempla que sea obligatorio que el Senado ratifique los nombramientos de la mayoría de secretarios de Estado.

Un paso inobjetable rumbo al equilibrio y la equidad de género subyace en la obligación de los partidos políticos de garantizar que las mujeres ocupen 50 por ciento de las candidaturas a los congresos federal y locales.

La relección legislativa podrá extenderse durante un plazo no mayor a 12 años.

Los congresos locales estarán facultados para establecer la relección consecutiva para los cargos de alcalde, regidor o síndico por un periodo adicional.

Se concretó la autonomía de la Procuraduría General de la República, para convertirse en Fiscalía General de la República. El objetivo es conseguir una política de procuración de justicia eficaz y de largo plazo; se avanzará en la profesionalización y, además, contará con fiscalías especializadas; una para delitos electorales y otra para combatir la corrupción en todos los órdenes de gobierno.

A su vez, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social obtendrá su autonomía. Entre los funcionarios que deberán ser ratificados estarán el secretario de Relaciones Exteriores, que pasará por el escrutinio del Senado, y el la Cámara de Diputados revisará el nombramiento del titular de Hacienda.

Se creará el Instituto Nacional Electoral. Lo integrarán 11 consejeros y tendrá facultad para atraer asuntos de la competencia de los órganos comiciales locales, incluso la organización total de las votaciones en los casos que establezca la ley.