Washington, 21 de abril.

La American Foundation of Labor-Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), la coalición sindical más grande de Estados Unidos, con 56 gremios que representan a 12 millones 500 mil trabajadores, exigió hoy a la administración del presidente Barack Obama detener las deportaciones de indocumentados.

En este contexto, trascendió que el secretario estadunidense de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés), Jeh Johnson, estudia la posibilidad de limitar la deportación de inmigrantes que residen sin permiso en Estados Unidos y que no tengan antecedentes penales peligrosos.

Sin embargo, no llegaría a concretar los cambios radicales que buscan los activistas pro indocumentados, quienes quieren que Obama amplíe un programa de dos años que otorga permisos de trabajo a ciertos inmigrantes traídos sin permiso cuando eran niños para que incluya a otros grupos, como los padres de todos los niños nacidos en Estados Unidos.

La AFL-CIO, que apoya la iniciativa de ley de reforma migratoria con ciudadanía, instó al DHS a enmendar sus prioridades y poner fin a la separación de familias. El DHS deber dar un perdón decisivo con una autorización de trabajo a los individuos que son prioridad menor para ser deportados o elegibles para discreción fiscal según las políticas existentes, señaló una declaración política de la organización sindical.

“Esto debería detener a los empleadores para que paren de utilizar ‘el juego de las deportaciones’ que pone a un trabajador en contra otro”, subrayó la central, que históricamente es uno de los mayores pilares de apoyo de los demócratas.

La AFL-CIO es partidaria de la versión de reforma migratoria integral aprobada en junio del año pasado en el Senado y que abre una ruta especial para la naturalización de indocumentados.

En su opinión, la reforma de la política de deportaciones de Obama tendría repercusiones positivas para los trabajadores. El DHS debe reformar el sistema de ejecución policial y de deportación para dejar de criminalizar a las comunidades de inmigrantes y asegurar que los individuos que son de baja prioridad para ser deportados o que son elegibles para discreción fiscal no sean deportados, señaló.

El gobierno del demócrata Obama está por alcanzar la cifra de 2 millones de deportaciones, el número más elevado en la historia del país. Esto ha provocado movilizaciones en varios estados en donde, además, se exige al gobierno el fin del programa Comunidades Seguras (que autoriza a policías locales actuar como agentes de migración) y ampliar la protección a los derechos civiles de la mayoría de los 11 millones de indocumentados.

El jefe de la Casa Blanca enfrenta creciente presión de grupos sindicalistas, religiosos y comunitarios para detener las deportaciones y ejercer un mayor liderazgo para aprobar la reforma migratoria. Aunque pidió al DHS humanizar su política de deportaciones, aún no anuncia cambios.

A todo esto, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos rechazó revisar una decisión judicial que mantiene frenada una previsión de la ley SB 1070, que establece como delito transportar y albergar en forma consciente a un indocumentado.

En enero pasado la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, solicitó a la Suprema Corte levantar la medida cautelar decretada por la juez federal Susan Bolton, lo que concluyó con la decisión en su contra este lunes.