La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el grupo legislativo que investiga la matanza de 22 civiles en Tlatlaya, estado de México, se reunieron ayer, en un primer acercamiento tendiente a dilucidar los hechos que presuntamente derivaron en un crimen de lesa humanidad.

Durante la reunión con los diputados, el procurador general de Justicia Militar, Jesús Gabriel López Benítez, se comprometió a responder todas las dudas y a entregar a los legisladores la documentación que requieran.

López Benítez refirió a los integrantes del grupo de trabajo que la Sedena ya no tiene la investigación en sus manos, porque los seis soldados y el subteniente inculpados fueron puestos a disposición del Misterio Público Federal.

Al encuentro –efectuado en las oficinas de la Sedena, en la ciudad de México–, al cual se esperaba que asistiera el titular de la dependencia, Salvador Cienfuegos Zepeda, acudieron los legisladores Elena Tapia Fonllem (perredista), presidenta del grupo de trabajo; Loreta Ortiz (petista) Ricardo Silva Pacheco (priísta) y Alberto Díaz Trujillo (panista).

Faltaron los representantes pevemista y de Movimiento Ciudadano. El general Cienfuegos tampoco acudió a esa reunión.

Los cuatro integrantes del grupo de trabajo sí concretaron su reunión con mandos militares. Además de López Benítez, acudió el general brigadier jefe de la asesoría jurídica del Estado Mayor de la dependencia, Alejandro Ramos, así como el general brigadier José Luis Chinas Silva, coordinador de Relaciones Interinstitucionales del Estado Mayor de la Sedena.

Los legisladores manifestaron un conjunto de inquietudes sobre el homicidio múltiple cometido en Tlatlaya, hecho del que se responsabiliza a elementos del batallón 102 de Infantería.

Se explicó posteriormente que los diputados expresaron a los mandos castrenses la obligación de respetar y proteger los derechos humanos en las acciones militares; la necesidad de clarificar los límites entre las jurisdicciones civil y militar, y la urgencia de conocer las cadenas de mando en el batallón implicado en aquellos sucesos, así como atender las disposiciones sobre el uso legítimo de la fuerza.

Los generales expresaron preocupación en torno al giro que han tomado esos sucesos.

Al preguntarles sobre los castigos que deben ser impuestos a los presuntos responsables de la matanza, los jefes castrenses respondieron que los implicados ya no se encuentran en manos de la justicia militar, sino de la civil, que deberá juzgarlos con base en sus leyes.

Los mandos militares y los cuatro legisladores se comprometieron a mantener contacto para detallar la información del caso y proveer respuestas a las interrogantes que surjan luego del análisis de los documentos proporcionados.