Casi 17 años después de la masacre de 45 personas en Acteal, Chiapas, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no hay responsables de ese crimen, perpetrado el 22 de diciembre de 1997.

La primera sala del máximo tribunal ordenó ayer la inmediata libertad de Lorenzo Ruiz Vázquez, José Guzmán Ruiz y Alfredo Agustín Hernández Ruiz, integrantes del grupo de indígenas que promovió 75 amparos ante la SCJN tras ser sentenciados por los delitos de homicidio, lesiones calificadas y portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Los tres beneficiados interpusieron recurso de reconocimiento de inocencia, el cual les fue concedido con base en los criterios establecidos por la primera sala de la SCJN en 2008, cuando otorgó los primeros amparos y ordenó la libertad de los acusados, al determinar que la Procuraduría General de la República aportó pruebas ilícitas en su contra, lo que violó su derecho al debido proceso.

En los pasados seis años los ministros conocieron recursos de apelación y de revisión, amparos directos y demandas de reconocimiento de inocencia en los que se señalaba que las pruebas aportadas por las autoridades fueron ilícitas.

Además, según esos recursos, el común denominador de las pruebas acusatorias fueron declaraciones de personas (que decían prácticamente lo mismo) después de que les fue mostrado un álbum fotográfico en el que aparecía la fotografía de los presuntos culpables, quienes fueron detenidos y sentenciados como autores materiales de la matanza.

Entrevistada al término de la sesión de ayer, Estela Luna Pérez, representante de los indígenas que han sido liberados por el caso Acteal, señaló que desean que “las autoridades sigan investigando. ¿Dónde están los que realmente son culpables? ¿Dónde están los abogados, los gobernadores, el presidente? Queremos que paguen, no nosotros los indígenas, que no sabemos hablar español. Pagamos un delito que no cometimos.

Los culpables andan libres y también las que fueron autoridades en 1997. Ellos son los que no pudieron evitar el problema, por eso murió gente inocente y murió en la cárcel gente inocente.

Manuel Bazaldo Meneses, también representante de los indígenas, dijo que el asunto sigue abierto, porque tampoco se ha hecho justicia a los sobrevivientes del ataque cometido en ese paraje del municipio de Chenalhó.

Indicó que demandarán una reparación del daño al gobierno federal, pero no para que entreguen indemnizaciones económicas y materiales, sino para que las autoridades volteen los ojos hacia esa zona de Chiapas, la cual quedó olvidada y estigmatizada por la matanza.

Desde que ocurrieron los hechos, dijo, el desarrollo se detuvo, no hay escuelas, hospitales ni trabajo. Todo quedó suspendido. Urge que el gobierno federal apoye a las víctimas, agregó.

De un total de 102 indígenas procesados por el homicidio de 45 integrantes de la comunidad de Las Abejas, sólo quedan dos en prisión –que no presentaron recurso ante la Corte–, quienes fueron favorecidos por un tribunal que redujo su sentencia de 36 a 18 años de cárcel.