l artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917 y vigente) dice a la letra: La soberanía de la nación reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se constituye para beneficio de éste. El pueblo tiene todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Existen varios artículos que, como este, constituyen parte del pacto que posee el pueblo para protegerse y denunciar los abusos cometidos por los gobernantes que, ostentando puestos públicos y habiendo protestado su respeto a la ley y su compromiso de velar por el bienestar de la nación, utilizan las facultades que les han sido conferidas para hacer precisamente lo contrario, colocarse por arriba de la ley y velar sólo por sus propios intereses y los de sus amigos, cómplices y protegidos, sin que el pueblo, ni la nación entera, los haya demandado, ni utilizado estos artículos de la Constitución, para condenar a quienes han actuado de esta manera, removiéndolos de su cargo a partir de lo que la misma Constitución establece.

Desde luego la utilización de este derecho no es sencilla, ante la ausencia de leyes secundarias que indiquen los procesos que hagan posible su utilización, pero sobre todo requiere de la coordinación de la sociedad para hacer uso de éste, lo cual no se ha dado sino en momentos aislados de crisis como la que hoy estamos viviendo, a resultas de los hechos de violencia realizados por la policía de Ayotzinapa, que dieron lugar al asesinato con todas las agravantes de la ley de seis normalistas, y a la desaparición forzada de otros 43, los cuales las autoridades federales se han negado a entregar a sus familiares.

¿Por qué Ayotzinapa? Porque se trata de una de las muchas escuelas normales rurales, creadas en otros tiempos en los que el gobierno surgido de la Revolución de 1910, en cumplimiento de la Constitución, que asigna al gobierno de la República la responsabilidad de la educación, decidió establecer estas escuelas, con el propósito de preparar maestros capaces de brindar educación a la población campesina del país, de manera que ésta fuese consciente de sus derechos y capaz de organizarse para el trabajo y la defensa de sus derechos, lo cual se ha convertido en molestia y amenaza para los gobernantes municipales, estatales y el mismo gobierno de la República.

Ayotzinapa, no siendo el primer caso de violación de los derechos humanos y de las leyes por parte del gobierno, el desarrollo de los acontecimientos posteriores ha sido distinto, no por la impunidad y actuación de las autoridades, sino por la respuesta misma de la sociedad mexicana, y de manera particular de los estudiantes de todo el país, así como de las diferentes organizaciones sociales que conforman ya una fuerza que ha puesto en crisis a los diferentes niveles de gobierno y especialmente al gobierno federal, aun contando éste con el apoyo de la televisión y de algunos otros medios de comunicación, carentes de capacidad autocrítica, así como de valores.

Las múltiples protestas realizadas por estudiantes, utilizando la web, las redes sociales y las nuevas formas de protesta colectiva, reclamando igual en partidos de futbol en Holanda, que apagando la antorcha deportiva en la demanda de cancelación de los Juegos Centroamericanos de Veracruz, y que en marchas realizadas en múltiples ciudades, pidiendo la renuncia del procurador y aun del mismo Presidente si no entregan vivos a los 43 jóvenes estudiantes de la escuela normal del estado de Guerrero, constituyen formas insólitas de actividad, que de manera global presentan el hartazgo de buena parte de la sociedad mexicana, ante la corrupción, la impunidad y el desprecio del gobierno por los derechos humanos y por la sociedad misma.

Hartazgo que se ha convertido en un nuevo despertar social, exigiendo cuentas a sus gobernantes que, repitiendo las promesas de gobiernos anteriores, de nuevas y mejores fuentes de trabajo, de progreso y de oportunidades futuras, sólo han trabajado en favor de sí mismos y de los intereses más obscuros que se mueven en el país. Es un despertar que cubre todas sus regiones, mostrando capacidad de articulación, para convertirse en esperanza de cambio, que es reconocimiento a los jóvenes de Ayotzinapa, que luchaban por su derecho a la educación, vista como amenaza por los gobernantes que han traicionado a la nación y a su pueblo.

Diversos líderes de opinión, como Denise Dresser, por citar un ejemplo, están planteando la imperante necesidad de crear un frente unido de la sociedad civil para tomar este despertar de la nación, inspirada en la tragedia, como vínculo de unión de todos los mexicanos y mexicanas que estén decididos a iniciar una lucha difícil, pero absolutamente necesaria, contra la corrupción, la impunidad, los crímenes de Estado como el de Ayotzinapa, al igual que el de Tlatlaya, el de Acteal, el de Tierra Blanca y tantos otros más, en los que son la delincuencia autorizada... (perdón) organizada y las fuerzas de seguridad del Estado los únicos responsables; contra los gobernantes interesados en vender al país, a cambio de beneficios exclusivos para ellos, como es hoy el caso del señor Peña Nieto, cuya entrega de contratos millonarios a cambio de casas regaladas para él y su familia son sólo una pequeñísima muestra de lo que habrá de seguir, gracias a las alteraciones hechas recientemente a la Constitución para permitir el saqueo de los recursos de la nación, a cambio de múltiples beneficios económicos para los funcionarios y ex funcionarios que actúan ya como intermediarios de las concesiones respectivas.

Comparto totalmente esa visión e invito por mi parte a una acción de este tipo, la cual es urgente realizar, para evitar que el desgaste natural y el agotamiento del actual movimiento encabezado por los padres de familia de Ayotzinapa, y vitalizado por los miles de estudiantes, no pueda ser neutralizado y reducido por el gobierno y la televisión, que están instrumentando una estrategia de presentación de las múltiples protestas como actos de vandalismo orientada a desgastar la imagen y las razones mismas del enojo generalizado.

La organización de la sociedad debe ser blindada en su derecho a protestar y señalar a quienes son los verdaderos culpables, y para ello su mejor blindaje está en la Constitución misma. Por ello he colocado el artículo 39 de la Carta Magna como baluarte para la lucha futura, proponiendo a la sociedad mexicana la realización de una gran consulta nacional organizada por ella misma, para realizarse en junio de 2015, en la que se pregunte si el Presidente de la República ha cumplido el mandato que la nación le ha otorgado, de respetar y hacer valer la Constitución, y si ha velado en todo momento por el bienestar de la nación.