El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) envió 854 millones de pesos de su presupuesto 2014 para hacer frente a la reforma constitucional de justicia penal de 2008, que incluye juicios orales, informaron fuentes del Poder Judicial Federal (PJF).

A decir de los funcionarios entrevistados, esta es la mayor transferencia realizada hasta ahora por el PJF, luego de que se constituyó el fideicomiso, en noviembre de 2013, con 600 millones de pesos que el CJF ya no ejerció para otros fines.

El nuevo sistema penal acusatorio y de juicios orales empezará a funcionar el 24 de noviembre para delitos federales, en los estados de Durango y Puebla, seguidos por Yucatán y Zacatecas, en enero; Baja California, en marzo, y Oaxaca, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro, en junio.

Luego de la transferencia, al cierre de septiembre el fideicomiso registró un saldo de mil 176 millones, de acuerdo con el reporte publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación. Según los funcionarios entrevistados, el traspaso de recursos se realizó en agosto pasado, como parte del rubro inversiones financieras y otras provisiones, para el cual la Cámara de Diputados no había autorizado recursos al CJF en 2014.

Fue en ese contexto que el pasado miércoles la Judicatura publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo general que incluye las reglas básicas a que deberán ceñirse los jueces y magistrados que participen en el nuevo sistema de justicia, fundamentalmente para los jueces de control y de enjuiciamiento oral.

Los 854 millones representan casi 2 por ciento de los 43 mil 199 millones de pesos del presupuesto anual del CJF, que administra más de 700 tribunales federales.

La Judicatura prevé construir ocho centros de justicia penal (que incluirán salas de juicios orales) en las ciudades de La Paz, Baja California Sur; Tepic, Nayarit; Puebla, Puebla; Tlaxcala, Tlaxcala; Mérida, Yucatán; Zacatecas, Zacatecas; Colima, Colima, y Cintalpa, Chiapas.

Hasta ahora, los magistrados federales en materia penal de la ciudad de México no han mostrado interés en emigrar para apoyar el inicio de operaciones del nuevo sistema penal acusatorio y de juicios orales, pues la Judicatura les envió una carta y rechazaron la oferta.