dos meses de la tragedia irresuelta, Enrique Peña Nieto afina el discurso del reformismo circunstancial (desde ahora bajo fundadas sospechas de ser una simulación más) para anunciar con toda solemnidad medidas administrativas que, a su decir, permitirán cambiar lo que no funciona, mejorar el sistema de justicia, castigar la corrupción y colocar en el tiro político al blanco a los villanos favoritos de esta temporada, los expiatorios policías municipales (especialmente los de Iguala y Cocula) como tope máximo de responsabilidades operativas de la catástrofe nacional.

Los placebos justicieros que dará a conocer el ex gobernador del estado de México se inscriben en el intento de control de daños que con sensibilidad de leñador está aplicando la administración federal en cuanto a los sucesos de Iguala y también en cuanto a los escándalos concatenados de la licitación del tren rápido del Distrito Federal a Querétaro (licitación luego cancelada, ante las evidencias del favoritismo hacia socios mexicanos del consorcio chino ganador) y las operaciones inmobiliarias privilegiadas de la señora Angélica Rivera Hurtado para hacerse (este verbo fue utilizado por su esposo en una conferencia de prensa) de una mansión espectacular llamada la Casa Blanca. Reformas escenográficas, logísticas, de papel, para mejorar la procuración de justicia, cargando la tinta en las malvadas corporaciones municipales, y nuevas disposiciones contra la corrupción para una lucha que a lo largo de dos años ha sido absolutamente fantasmal.

El reformismo de salva ha sido rápidamente adoptado como bandera discursiva por otros entes que tratan de encontrar salidas a la crisis nacional. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se ha esmerado en hacer declaraciones optimistas pues, asegura, habrá de tomar decisiones el Presidente respecto a lo que no ha funcionado, a lo que se tiene que renovar, cambiar, será un anuncio importante y será esta semana, según dijo en un programa radiofónico matutino. Añadió que se tienen que hacer acciones, se tiene que modificar lo que no está caminando bien, y se tienen que tomar decisiones que modifiquen completamente este escenario respecto a donde hay debilidad del Estado mexicano, donde hay debilidad, particularmente en los municipios.

En otro escenario, el del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Fernández Fassnacht, el director designado por Peña Nieto conforme a las disposiciones legales vigentes, también empujó el reformismo gatopardista e incluso se permitió aderezar la receta con una sentida petición de disculpa a los estudiantes por las omisiones institucionales que llevaron al estallido del movimiento que ahora transcurre entre asambleas y simulacros que incluyen la exigencia del retorno a clases para salvar el semestre./

En el PRD, aplicado repetidor de las políticas peñistas, la dirigencia chucha no tardó en lanzar un manifiesto a la nación, con 10 puntos entre los cuales el ponente Carlos Navarrete incluyó la propuesta de crear una comisión de la verdad y la justicia para el caso Iguala. El mismo manifestante, Navarrete, recibirá hoy en la sede del sol azteca a su principal impugnador interno, Cuauhtémoc Cárdenas, quien también está en la puja de las propuestas, pues busca que haya una nueva Constitución General de la República pero, en tanto, exige la renuncia del citado chucho al mando. En esa batalla por los cargos, y las venideras candidaturas, discutirán el guanajuatense aficionado al canto de José Alfredo Jiménez y El Piporro y el michoacano, que por lo bajo amaga con entonar Las golondrinas al PRD si éste no corrige su línea política, acompañado de una banda musical en la que destacan algunos de los originales integrantes de la Corriente Democrática y nuevas adquisiciones provisionales como el profesor Bejarano.

Las buenas intenciones a futuro tienen en el caso peñista otro referente obligado, como es la sostenida exigencia de que renuncie a la Presidencia de la República quien hoy la ocupa, tachado de negligente e ineficaz (por citar dos términos que no resulten estridentes). En las manifestaciones multitudinarias como en las pequeñas, en actos nacionales como internacionales, en pancartas, cartulinas, mantas, a viva voz y en redes sociales se ha planteado la demanda contra el nativo de Atlacomulco. Aun cuando el punto ha sido planteado por uno de los partidos de izquierda, el de creación más reciente, la demanda de que renuncie EPN está muy lejos de cualquier maquinación partidista o propósito electoral con dedicatoria personal. La acumulación de agravios y la demostración de graves yerros y evidentes insuficiencias, a lo largo de dos años, ha llevado a una porción activa de mexicanos a exigir, como nunca antes frente a ningún otro detentador de ese poder, desde Porfirio Díaz a la fecha, la declinación del mexiquense.

Esa renuncia podría darse por enfermedad, incapacidad física o mental o alguna otra causa grave (rubro éste en el que podría incluirse una ingobernabilidad manifiesta del país) y, afortunadamente para la salud institucional del país (ahora tan lastimada), se han incluido en la Constitución los pasos exactos a seguir en cada uno de los casos en que pudiera darse la falta de quien ocupe la silla presidencial. Hasta hace dos años se mantenía virtualmente el mismo texto original, con dos modificaciones menores, como si la figura del Presidente de la República fuese afectada en sus necesidades reverenciales por las naturales suposiciones respecto a muerte, enfermedad, locura, incapacidad o renuncia.

Conforme a tales disposiciones, la posibilidad de convocar a nuevas elecciones directas vence al último minuto del próximo domingo y, a partir de esa fecha, se abriría un abanico limitado de posibilidades de sustitución (en caso de que se diera alguna de las causales supuestas), en las que ya no habría comicios para terminar el periodo en cuestión, sino una decisión aritmética a tomar en las cámaras del Congreso de la Unión, hasta hoy controladas por Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón. ¡Hasta mañana!

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