egún datos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre enero y septiembre de este año la administración pública ha perdido 44 mil 454 millones de pesos en juicios promovidos por 20 mil 145 causantes, grandes empresas la mayoría. A tal pérdida, que se concreta por medio de la cancelación de impuestos o su devolución a los quejosos, deben sumarse 286 mil 842 millones de pesos de la llamada cartera de créditos fiscales controvertidos que son motivo de diferendos administrativos o de litigios judiciales, y cuyo destino depende de los fallos que emitan los jueces encargados de los casos correspondientes.

s tiempo de que México use la autoridad moral que le confieren sus casi 100 mil muertos y sus 22 mil desaparecidos para despenalizar las drogas –me refiero a todas las drogas– e invertir mejor en su medicalización.

l caldero político-social del país llegó a un inestable punto de ebullición. Ya no resiste mayores fuegos en sus aparejos. La sociedad, en especial el sector juvenil, se ha movilizado para exigir el puntual esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero. La comunidad internacional, con sus múltiples caras y variantes, ha expresado en distintos tonos y modos su solidaridad para con los familiares de los normalistas y exige al gobierno mexicano cuidado extremo a los derechos humanos de los ciudadanos. La Presidencia de la República, después de afirmar sentir el dolor de los padres de los muertos y 43 desaparecidos, ha quedado a la deriva. Tampoco atina a dar salida a la profunda crisis, ya bastante generalizada, que lo agobia pero que, al parecer, no comprende del todo. En vez de atender el clamor por un cambio radical que le llega desde incontables lados, endurece el lenguaje y lo dirige hacia una conspiración contra su modelo modernizante.