En América Latina 70 por ciento de las empresas mineras no tienen políticas de seguridad industrial e higiene, y la mayor parte de las naciones incumplen el Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre salud en las minas. Sólo dos países, Perú y Uruguay, tienen leyes que penalizan el incumplimiento de estas normas de seguridad.

En las demás naciones de la región, o bien no hay leyes que promuevan la seguridad industrial o castiguen los atentados contra la integridad y la salud de los trabajadores, o bien las que existen son ignoradas o violadas sistemáticamente por las empresas, con la complicidad de las autoridades de dichos países, como ocurre en México.

Tales fueron las conclusiones de la Red Regional de Minería de América Latina, que tuvo lugar en días pasados y fue convocada por la organización sindical internacional IndustriAll Global. foro en el que los sindicatos de la región como el nacional de mineros que encabeza Napoleón Gómez Urrutia emitieron un pronunciamiento y diversas recomendaciones para que se modifique esta realidad que está atentando contra la vida y seguridad de los mineros de la región.

El sindicato nacional de mineros dio a conocer ayer en México el análisis que se dio a conocer en el encuentro, el cual advierte que el índice de incumplimiento de normas mínimas de seguridad es terrible: sólo 30 por ciento de las empresas en Latinoamérica cumple con dichos preceptos y hay una lucha permanente de los sindicatos por hacer valer el cumplimiento de normas mínimas de seguridad, especialmente en Brasil, Chile y México, donde se establecen en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, pero no son aplicadas en el terreno de los hechos.

Los gremios asistentes, entre los que encontraron sindicatos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú, concluyeron que en la mayoría de los países de la región es muy pobre la aplicación de políticas de seguridad industrial e higiene del trabajo en los establecimientos mineros.

En la reunión que tuvo lugar en Sao Paulo, Brasil, y a la cual asistieron entre otros Fernando Lopes y Jorge Almeida, representantes de la IndustriALL Global Unión, las 14 organizaciones coincidieron en que urge que los sindicatos promuevan ante sus gobiernos y las empresas la adopción de esquemas de seguridad laboral, así como leyes duras en este sentido.

También se tocó el tema del derrame tóxico de 400 millones de litros de agua contaminada con sulfato de cobre y metales pasados ocurrido en Sonora, debido a la negligencia de la empresa Grupo México, donde se afectaron los derechos de trabajadores, pobladores y productores agropecuarios de los 11 municipios, y los gremios expresaron su protesta enérgica por este acontecimiento.

También mereció una fuerte condena de las organizaciones sindicales la masacre de Iguala, Guerrero, y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y señalaron su indignación por la magnitud de esta tragedia.