s lógico que a las comunidades indígenas marginales asentadas en la periferia de los siete grandes centros urbanos de la entidad no les quede otra alternativa de gestión con las autoridades que canjear sus recursos naturales, principalmente agua, por compromisos de obra pública, a fin de paliar el acumulado abandono histórico en que sobreviven.

Esta pugna, que se replica en Xalapa y Coatzacoalcos, ha escalado hasta llegar a un punto de quiebre anunciado esta semana por ejidatarios de Tatahuicapan, comunidad serrana donde se asienta la presa Yuribia, tomada ayer por pobladores que además retuvieron a un funcionario, argumentando que no se han hecho las obras prometidas a cambio de agua.

El convenio data de hace 30 años. Ante el evidente agotamiento del venero, los campesinos cerraron las válvulas y amenazaron con destruir la represa que abastece del líquido a la zona conurbada Coatzacoalcos-Cosoleacaque-Minatitlán, donde habita cerca de un millón de personas y parte del suministro es para la industria.

La lucha por el agua tiene otros escenarios: en Jalcomulco, los campesinos pararon la construcción de una represa a cargo de la trasnacional brasileña Oldebretch, y en Amatlán, en la zona Córdoba-Orizaba, donde ya operan algunas plantas generadoras de energía eléctrica, los labriegos se resisten a vender parcelas aledañas al sitio donde se planea levantar una nueva cortina para aprovechar el río Blanco.

Pero en Yuribia confluyen todos los elementos del manejo desaseado de las crisis sociales y la desidia gubernamental, que se presta al intermediarismo y favorece el coyotaje de líderes que negocian en nombre de la comunidad sólo para obtener beneficios personales.

Esteban Bautista, dirigente campesino que encabeza el movimiento desde hace años, se ha convertido en un próspero empresario de la construcción que ha hecho de las obras públicas un redituable modo de vida.

El eventual desalojo de los manifestantes es una posibilidad que sólo vendría a echarle gasolina al fuego.