o se hizo esperar la reacción de la derecha xenofóbica estadunidense al decreto migratorio mediante el cual el gobierno de Barack Obama pretende aliviar la situación de unos 4 millones 400 mil extranjeros indocumentados –de un total de 11 millones que, se estima, residen en el país– y suspender provisionalmente la amenaza de deportación que pende sobre ellos: una coalición de 17 estados, encabezada por Texas, presentó ayer una demanda en contra de la Casa Blanca ante la Corte Federal del Distrito Sur de aquella entidad. De acuerdo con el alegato interpuesto, el gobernador electo de Texas, Greg Abbott (republicano), el mandatario carece de facultades para rescribir las leyes migratorias y ha abandonado su obligación de hacer cumplir las normas aprobadas por el Poder Legislativo.

os huérfanos de la tragedia de Ayotzinapa no están solos en la porfiada búsqueda de sus queridos perdidos en el caos de los basurales incendiados y las fosas cargadas de restos humanos.

l problema más serio que enfrenta el gobierno de Enrique Peña Nieto es la falta de credibilidad. No es un asunto menor. La confianza es un componente central de la relación entre el Estado y los ciudadanos; sin ella, se oscurece la comprensión de las decisiones presidenciales y el comportamiento del gobierno, así como la percepción de los problemas del presente. En consecuencia, la capacidad de gobierno se reduce de manera considerable. Creo que la expresión más dramática de la desconfianza de los ciudadanos es la posición de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, que han rechazado los escalofriantes resultados de la investigación que presentó el procurador, Jesús Murillo Karam, y han sostenido que el gobierno tiene a los estudiantes. De manera que el objetivo de su protesta no es el crimen organizado, la pareja de delincuentes Abarca o la policía local, sino el gobierno federal y el Presidente de la Republica. ¿Qué puede significar esta postura de los padres de familia? ¿Cuáles son las implicaciones de esta atribución de responsabilidades?

a crisis que estamos viviendo no se parece a otras que han conmocionado al país en las últimas décadas, aunque algunos rasgos parezcan repetirse. La situación actual no está directamente vinculada al colapso súbito de las cuentas públicas, como ocurrió en el umbral de los sexenios de Salinas y Zedillo. Tampoco expresa el malestar de un sector social bien definido, como en el 68. La economía, ciertamente, determina el ritmo y el rumbo del país en un horizonte global que no supera aún el efecto devastador de la gran recesión, pero es la política la que se tambalea, como si de la noche a la mañana su aparente fortaleza se convirtiera en debilidad. Años de violencia extrema cultivada en los intersticios del Estado, allí donde las instituciones debían servir al ciudadano, han gestado una profunda indignación popular que espontánea e inevitablemente se dirige contra los máximos representantes del poder, independientemente de las responsabilidades atribuibles a cada una de las autoridades. El desbordamiento de la protesta tras la tragedia de Iguala prueba la fragilidad de las instituciones, el fracaso de una ruta que no reconoce el desajuste abismal entre las necesidades, los problemas y los sentimientos del país real y el funcionamiento del Estado. Sin embargo, ni las autoridades ni los partidos en el Congreso asumen hasta hoy la gravedad de los hechos y en qué grado erosionan la democracia. Confían en remodelaciones parciales del orden legal pero omiten la reflexión sobre qué país saldrá de esta crisis. Sujetos a las inercias del poder, no perciben la conexión sustantiva entre la desigualdad que define la vida mexicana, la expansión de la violencia criminal y la descomposición de la vida pública. El juicio negativo alcanza a todos los partidos, anulando en los hechos las virtudes de la competencia electoral como fórmula para superar pacíficamente las disputas en curso. Peligrosamente, los ciudadanos se preguntan no ya por quién votar en 2015, sino por algo más grave y preocupante: ¿tiene sentido votar, aunque no hacerlo garantice la victoria sin contrapesos de los usufructuarios del poder?

as recientes elecciones en Uruguay confirman la tendencia del electorado en América Latina y el Caribe (ALC) a votar por la continuidad de los gobiernos antineoliberales, como hemos podido comprobar este año en El Salvador, Bolivia, Brasil y ahora en la patria de José Artigas. Desde 1998, año de la primera elección de Hugo Chávez, hasta la fecha, ni uno solo de ellos ha sido removido electoralmente. Únicamente apelando al golpe de Estado las oligarquías aliadas a Estados Unidos han podido derribar a los más débiles: el de Manuel Zelaya en Honduras y el de Fernando Lugo en Paraguay; procedimiento también intentado infructuosamente en Venezuela (2002), Bolivia (2008) y Ecuador (2010).

n los Diarios de Bioy Casares, Borges es El personaje.