anto Juan Pablo II como Benedicto XVI recibieron durante su papado numerosas cartas denunciándoles el proceder criminal de curas pederastas. En algunas se mencionaba la protección que les brindaban las jerarquías eclesiásticas en varios países. No atendieron debidamente esas denuncias que lograron notoriedad gracias a los medios de comunicación. La más sonada fue contra el fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, el siempre bien amado, como lo llamó el pontífice polaco.

Tarde reaccionaron ambos dirigentes de la cristiandad, ocasionándole a la Iglesia católica enorme desprestigio y severo desgaste en sus finanzas al tener que indemnizar a cientos de víctimas. Las diócesis de Nevada, San Diego, Milwaukee, Nuevo México, Boston y cinco más se fueron a la quiebra en Estados Unidos. Y diversos problemas económicos padecen las de Alemania, Irlanda y Holanda, en Europa.

“Querido santo padre: (…) tengo 24 años y soy miembro supernumerario del Opus Dei”. Con estas palabras, precedidas del nombre de la víctima empieza la carta que, en junio pasado, escribió un joven de Granada al papa Francisco. En ella le cuenta los abusos sexuales a que lo sometieron varios curas de esa ciudad cuando era monaguillo de la parroquia de San Juan María de Vianne. No quería, que a otros les pasara lo mismo.

Lo que nunca imaginó el remitente es que el propio Papa le iba a telefonear a su móvil para pedirle perdón en nombre de la Iglesia de Cristo por este gravísimo pecado y gravísimo delito; y expresarle su solidaridad ante el sufrimiento que había vivido durante su adolescencia. Lo instó a denunciar lo ocurrido en los tribunales civiles.

Francisco había leído esa carta que puso al descubierto a un nutrido grupo de sacerdotes de Granada, muy amigos entre sí, que captaban a monaguillos con el pretexto de infundirles una vocación religiosa. La realidad era otra. El joven denunció los abusos cometidos ante un juez que ya detuvo e inicio juicio a tres de los implicados en cometer las agresiones sexuales. En paralelo se investiga la forma como algunos de ellos se hicieron de numerosos bienes raíces.

Este nuevo escándalo desveló la sospechosa actuación del arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, que en un principio restó importancia a la denuncia del joven y que ha condenado a quienes exigen apertura de la Iglesia en cuanto al aborto, los matrimonios entre personas del mismo sexo y el celibato sacerdotal. Obligado por las evidencias, el arzobispo tuvo que pedir público perdón por los delitos cometidos por 10 sacerdotes de su diócesis y los separó de sus cargos.

Es la punta de la madeja que muestra la impunidad de que goza la Iglesia española desde que el dictador Francisco Franco la definió como la única, perfecta y verdadera.