as denuncias se suceden, el escándalo de Petrobras se mantiene con fuerza; la oposición luce su vestal virginidad en muestras de profunda indignación, mientras algunos de los más altos ejecutivos de las gigantes de la construcción siguen en la cárcel. El gobierno de Dilma Rousseff parece más acosado que nunca.

Se insinúa con todas las letras que, de confirmarse que parte de las comisiones cobradas a los constructores que trabajan para Petrobras fueron transformadas en donaciones para el Partido de los Trabajadores, se abrirán dos frentes de batalla para decretar la inhabilitación de la presidenta recién electa. Serían dos movimientos: uno, en la Justicia Electoral, denunciando que la campaña que llevó Dilma a la victoria recibió dinero de corrupción; otro, en el Congreso Nacional, pidiendo que se inhabilite a la mandataria, ya que el proceso electoral habría perdido legitimidad.

Claro que se trata de una maniobra sin posibilidades de éxito. Primero, porque si determinada constructora declaró a la Justicia Electoral una donación acorde con los requisitos de la ley, no hay cómo probar que se trató de una ilegalidad. Será la palabra del denunciante como única prueba. Y segundo, porque el gobierno tiene mayoría en el Congreso y el pedido de inhabilitación no pasaría.

De todas formas, el desgaste que enfrenta Dilma antes aun de que se inicie formal y oficialmente su segundo mandato, es inmenso.

Aécio Neves, el neoliberal derrotado, se desdobla para asumir el papel de líder máximo de la indignación nacional. Trata de dejar claro que no se trata del lloriqueo de perdedor. En los bolsones de las clases más privilegiadas es saludado como una mezcla de mesías y ángel vengador.

Sin embargo, cada semana que pasa es evidente que el escándalo que empezó en Petrobras es un mar sin fondo. Ya se sabe que fueron denunciados decenas de políticos, y se da por descartado que esa cifra podrá alcanzar a por lo menos 70 de ellos en plena actividad, que están en muchos partidos, de la oposición, incluso.

Es decir: la marea recién empieza a crecer y podrá transformarse en tsunami. Lo que se lanzó como investigación policial para detectar un esquema de lavado de dinero y envío ilegal de dólares al exterior está lejos de su final. Ya nadie cree que el tema quedará circunscrito a Petrobras.

Además de Paulo Roberto Costa, que por años integró el colegiado de directores de la estatal, y de Alberto Yousseff, el doleiro, que es como se conoce a los operadores del mercado ilegal de dólar en Brasil, otros operadores empezaron a hablar frente al juez. Uno de ellos ofreció, en su primer interrogatorio, restituir nada menos que 98 millones de dólares desviados de Petrobras.

Con la prisión de ejecutivos de algunas de las principales constructoras brasileñas, el abanico se extendió. Si cuentan lo que saben, las empresas serían legalmente impedidas de trabajar para el poder público (gobiernos municipales, estaduales y, claro, el nacional). O sea: se paralizaría casi todo lo que se construye en el país.

Nadie con plena conciencia ignora que en Brasil contemporáneo la corrupción es algo endémico, que empezó a alzar vuelos más elevados durante la dictadura cívico-militar (1964-1985). Con su obsesión por obras faraónicas, se abrió espacio para que fuesen creadas gigantescas compañías constructoras que pasaron a actuar no sólo en el país, sino por varias regiones del mundo.

Pagar comisión es parte de una tradición que viene de lejos y se arrastra por toda obra realizada con recursos públicos. Sin pagar comisión, dijo uno de los ejecutivos detenidos, nadie logra ser contratado para poner un solo adoquín en una calle brasileña.

La novedad en el caso de Petrobras reside en dos factores: primero, el volumen de dinero desviado; segundo: el esquema fue denunciado. Lo que a esta altura todos se preguntan es: abierta la puerta, ¿cómo impedir que el resto de la historia salte a la calle con todo su enredo y todos sus personajes?

Hasta el momento, la Policía Federal dice haber encontrado, en las oficinas del Yousseff doleiro, documentos que registran 750 obras públicas realizadas en Brasil o en el exterior, pero con financiamiento público brasileño, por 170 constructoras de todos tamaños. Hay otras estatales involucradas y, en este primer momento, la cantidad de dinero llega a 5 mil millones de dólares: poco, frente a lo denunciado en Petrobras. Pero por ser apenas la punta del ovillo, se puede suponer que habrá cantidades asombrosas de dinero desviado.

Surgió una espiral sin fin. Empiezan a adentrar al salón de fiestas los fantasmas que irán a perturbar cada minuto de toda la clase política brasileña. Las vestales opositoras que ahora gritan su indignación seguramente tendrán su hora de la verdad. Y el gobierno, a su vez, corre el riesgo de, más que nunca, ser víctima de los usuales chantajes de los aliados.

El segundo mandato de Dilma empieza formalmente el primero de enero de 2015. Los vientos del infierno, sin embargo, ya empezaron a soplar.