yer, en el contexto de la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, realizada en Palacio Nacional, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, expuso los casos recientes y más indignantes de violación masiva de estas garantías –las dos decenas de ejecuciones extrajudiciales realizadas por efectivos militares en Tlatlaya, estado de México, y el ataque policial contra estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero– como ejemplos de fallas institucionales catastróficas y generalizadas y de la responsabilidad en tales atrocidades –por acción o por omisión– de las autoridades de todos los niveles de gobierno. En ambos casos, señaló el ombudsman nacional, los organismos de seguridad del Estado, cuyo sentido primigenio y último consiste en preservar la vida y la integridad de los habitantes, estuvieron ausentes.

l contraste es inevitable. La huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) duró nueve meses, la del Instituto Politécnico Nacional (IPN) apenas pasará de tres. En la UNAM sólo se pudo avanzar a una mesa de diálogo cuando renunció el rector, pero ya era demasiado tarde, el diálogo no prosperó, y en lugar de acuerdos firmados, más de mil estudiantes fueron encarcelados durante meses. Los del IPN, casi de inmediato lograron la renuncia de la directora, consiguieron un nivel muy alto de interlocución y ya han llegado a acuerdos con el Estado. La explicación del trato dispar es evidente, en estos últimos 14 años se generó un enorme lago de sangre y muerte, decenas de miles de desapariciones, extorsiones, pozoleros, niños sicarios, jóvenes sin esperanza, presos o suicidados, asesinatos en masa y una enorme cantidad de funcionarios y políticos desmesuradamente corruptos. Todo esto ha venido generando una creciente de movimientos como el de las madres de Juárez, el de paz con justicia y dignidad de Javier Sicilia, el de rechazados, Atenco, 123, y otros más que nunca han sido cabalmente tomados en cuenta. Una acumulación de agravios que, como pertinaz y eterna lluvia, terminó por generar –con la rotura del dique que significó Ayotzinapa– un desbordamiento incontenible de indignación y reclamos. Y por todo eso el movimiento del IPN nunca fue tocado, sus asambleas jamás fueron cercadas, ni enviadas directamente a la cárcel.

ualquier ciudadano sabe del horror de verse sujeto a una investigación ante el Ministerio Público. Esta autoridad suele actuar con extrema discrecionalidad y en no pocas ocasiones presiona a un arreglo extrajudicial con el amago de remitir al reclusorio, lugar sin ley en donde se corren todos los riesgos.

o importa.