s cuestión de ver: lo que enfrentamos es una crisis política de enormes proporciones que afecta a prácticamente la totalidad de la población. Pienso que ninguna de las generaciones vivas de mexicanos había encarado una situación como ésta, donde nadie cree ni confía en el prójimo ni en quien resume la idea de colectividad civilizada que, en nuestro caso, son el Estado y su máximo dirigente, el Presidente de la República.
Huérfanos como estamos o nos sentimos, no dejamos de acudir a la racionalidad que nos legó el Renacimiento y reclamamos democracia para todos como el único camino viable para construir un estado de derecho, que muchos pensamos debe ser democrático y social. Son adjetivos que algunos liberales trasnochados no entienden ni entenderán pero que, convertidos en programas de gobierno, deben volverse vías primordiales para transformar el estado de cosas que nos ha vuelto súbditos de la casualidad y la violencia.
O asumimos la gravedad de la circunstancia o nos unimos al lastimoso ejército de celebrantes del llamado Estado fallido o, peor todavía, a la fila de los pretendientes de mandos que sólo puede otorgar el departamento de Estado. Tal es la situación con la que cierra el año. Sin expectativas claras y creíbles de mejora económica, el panorama es, por un lado, de agravamiento de la situación laboral y salarial y, por otro, de desaliento social y de preparativos ominosos por parte de los inversionistas para dejar la plaza, apenas alguien creíble toque la trompeta.
Por muchos años hubo en México una disputa por el rumbo del Estado, la economía y, al final de cuentas, la nación. El litigio concluyó a favor del bando partidario de una reforma a fondo del Estado, a favor de una economía abierta y de mercado capaz de evitar los ciclos nefastos de endeudamiento externo extremo, inflación y devaluación que asolaron los años 80 del siglo pasado. Luego se agregó la ilusión de una mágica transición democrática, que nos haría buenos, y la del fin de la corrupción, gracias a la transparencia.
Hoy, en la segunda década del siglo XXI, es claro que el modelo
o la apuesta no funcionaron y que la insistencia de algunos en profundizar o extremar la ruta adoptada no sólo no garantiza éxito alguno, sino la profundización del malestar social que nos ha traído a donde estamos. La hora de cambiar de rumbo, forma y verbo llegó, y a los grupos que presumen de dirigir al Estado no les queda mucho tiempo para asumirlo.
Su extraña, cuanto preocupante, actitud ausente, cuasi autista, frente a lo que pasa en la nación que dirigen, no puede sino agravar la situación: frente al rechazo y el reclamo masivos ante la evidencia de una barbarización del Estado y partes de la comunidad, frente a la violencia inaudita de grupos sociales y corporaciones del orden, no caben el silencio o la espera; sólo queda la afirmación del derecho y la insistencia indeclinable en que sólo por la vía del ejercicio de la ley podremos transitar, poco a poco, a un Estado civilizado digno de tal nombre y de ser habitado.
Dicho todo esto, vayamos a nuestras profundidades: no se puede admitir, ni siquiera por el recurso al silencio, la violencia salvaje contra los políticos o los adversarios. Lo hecho contra los miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Guerrero remite desde luego a Sendero Luminoso o la Banda de los Cuatro y la Revolución Cultural de Mao. Ambos fueron procesos que todos debemos decretar irrepetibles tan sólo porque nos llenan de vergüenza. Por ahí tampoco vamos a ningún lado. Es la ruta más rápida a la degradación de la política… y de nosotros.
