Una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada a la controversia constitucional que el Senado presentó contra el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el paso siguiente es que se le dé prioridad, señaló el perredista Zoé Robledo.

Explicó que el Senado decidió interponer ese recurso debido a la decisión del IFT de postergar 90 días las reglas para la portabilidad numérica, es decir el derecho de los usuarios de teléfono a conservar su número, aunque hayan cambiado de prestador del servicio.

La portabilidad debió entrar en vigor el pasado 6 de noviembre, pero el IFT lo retrasó hasta febrero, a fin de dar a las compañías telefónicas un plazo para que lleven a cabo los ajustes técnicos requeridos.

Al proponer, a través de reglamentos, un plazo superior al que marca la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en su artículo trigésimo octavo transitorio, el IFT se excedió en sus facultades, sostuvo el Senado en el escrito presentado ante la Corte.

En entrevista, el senador Robledo, quien propuso la controversia constitucional que el Senado presentó a la Corte, detalló que se solicitó que el recurso se substancie y resuelva de manera prioritaria, a fin de no lesionar a los usuarios.

El senador perredista recordó que la ley que entró en vigor el 13 de agosto pasado y estableció un periodo máximo de 60 días para que el Instituto emitiera las reglas administrativas con el objetivo hacer valer la portabilidad numérica.

La portabilidad ya existía en el mercado antes de la legislación vigente, y lo que se incorporó fue el reconocimiento de que se trata de un derecho fundamental de los usuarios, por lo cual a partir del 6 de noviembre debió de ser gratuita y realizarse en un plazo no mayor a 24 horas a partir de la solicitud del usuario, detalló.

Insistió: El IFT contraviene un mandato legal derivado de una reforma constitucional en perjuicio de todas aquellas personas que sean usuarias de estos servicios.

Aunado al recurso interpuesto ante la Suprema Corte, el senador Robledo propuso que la Comisión Permanente formule un llamado al IFT para que rectifique ese acuerdo y dé vigencia inmediata a la portabilidad, toda vez que ya ha transcurrido el plazo de 60 días previsto por la ley.