La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación elaboró un proyecto de ley para la creación de la figura del ombudsman del migrante, que permita atender en forma urgente, la necesaria e inaplazable defensa de los derechos de los mexicanos en el extranjero y de los migrantes que se desplazan en territorio nacional.

México es el segundo país con mayor número de migrantes en el mundo con 13.2 millones acumulados hasta 2013, de los cuales 11.8 millones, es decir 98.1 por ciento tuvo como destino Estados Unidos.

El comisionado para los pueblos indios, Jaime Martínez Veloz, adujo que el país resiente sensiblemente esta emigración, pues 21.8 por ciento de los viajeros son jóvenes de entre 15 y 29 años y 39.1 es población adulta en edad productiva de entre 30 y 44 años.

En Estados Unidos radica alrededor del 10 por ciento de la población nacional, es decir, una décima parte de mexicanos de origen ha encontrado del otro lado de la frontera su medio de vida.

A pesar de que la protección a los migrantes está garantizada en la Constitución, la cual refiere específicamente el caso de los indígenas, existe una evidente exlcusión de estos.

En el artículo segundo de la Constitución, inciso B, se establece que la Federación, los estados y los municipios garantizarán la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, siendo obligatorio, según la fracción VIII, establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.

Para Martínez Veloz, esta garantía consagrada en forma expresa en la Constitución para los indígenas migrantes, debe ser extendida a todos los mexicanos, sin importar su sexo, edad y clase social. En un marco de igualdad de derechos, los beneficios deben ser para todos. Habría que agregar, que varios estados de la República, ya cuentan con leyes de apoyo y protección a los migrantes y sus familias.

Por tanto, la iniciativa elaborada en la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas se enviará a la Subsecretaría de Enlace Legislativo, de la Secretaría de Gobernación, para que pueda ser valorada junto a todas las instancias del Poder Ejecutivo y Legislativo así como las dependencias de los gobiernos de los estados y las comisiones legislativas de los Congresos locales que tengan competencia en el tema.

En México, en años recientes, ha cambiado el perfil de los migrantes, pues además de la escolaridad hay una modificación en la distribución que tienen por sector de actividad económica.

El problema es aún más grave porque ciudadanos con estudios de licencitura y posgrado abandonan el país en busca de un mejor futuro.

“No todos, sin embargo, habrán de trabajar en lo que estudiaron. Existen profesionales y doctorados que buscan una oportunidad, aunque no sea en su campo de acción. Algunos terminan en el sector comercial o de servicios, pero ganan más de lo que pudieran recibir en México con todo y sus grados académicos.