l Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió ayer que el exceso de promocionales difundidos por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) vulneró el principio de equidad establecido en el artículo 134 constitucional, lo que permitió a esa marca electoral posicionarse en forma ventajosa de cara a los comicios programados para julio del año entrante. De acuerdo con la resolución, la divulgación concatenada y contrastada en radio y televisión, a escala nacional, de los informes de labores de los diputados de ese partido vulnera la prohibición de difudir informes fuera del ámbito geográfico de responsabilidad de esos servidores públicos y constituye una estrategia propagandística encaminada a posicionar al partido político, pues todos los promocionales se refieren a los mismos supuestos logros del PVEM y culminan con la misma frase publicitaria, correspondiente al partido, y sólo se cambió la identidad de los legisladores.

La resolución, correcta en su diagnóstico, resulta en cambio insuficiente y corta en la sanción impuesta: una amonestación pública.

Es claro que tal castigo no da cumplimiento a dos de los propósitos centrales de la justicia en general y de la electoral en particular: asegurar que no se repitan las infracciones a la legalidad y enmendar, en la medida de lo posible, el daño provocado por el infractor.

En el entorno político y electoral enrarecido que vive el país desde 2006, caracterizado por la incapacidad de las instancias electorales para ofrecer resultados convincentes, las violaciones a las leyes, los conflictos electorales y la judicialización de los procesos comiciales, el TEPJF tiene el deber de hacer cumplir rigurosamente las disposiciones constitucionales y legales. De otra manera, continuará en forma inexorable el desgaste de ese órgano jurisdiccional y se acentuará la debilidad del Instituto Nacional Electoral (INE), heredero del extinto Instituto Federal Electoral, y se corre el riesgo de que en 2015 se repita un escenario como los de 2006 y 2012, años en los que la nación pasó por elecciones cuestionadas e impugnadas que dejaron como saldo la inconformidad de más de un tercio del electorado y un déficit de legitimidad para las autoridades emanadas de tales procesos.

En esta perspectiva, resulta imperativo que tanto el INE como el TEPJF actúen con firmeza y sancionen de manera efectiva y apegada a derecho cualquier infracción a las leyes electorales con el propósito de transmitir a partidos, candidatos, empresas mediáticas, organizaciones y ciudadanía en general el mensaje de que pasar por encima de las disposiciones legales tiene un costo alto. De no procederse así, esas mismas instituciones lesionarán de nueva cuenta su propia credibilidad y, lo más grave, alentarán en la sociedad la idea de que los procedimientos democráticos en el país constituyen una mera simulación y un ritual vacío.