e acuerdo con el reporte más reciente sobre finanzas y deuda públicas dado a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los ingresos petroleros se redujeron 3.5 por ciento entre enero y noviembre del año que termina hoy, lo que provocó un déficit presupuestal de 461 mil 300 millones de pesos.
La dependencia atribuyó tal fenómeno a la caída en la producción de hidrocarburos –3.1 por ciento menos de crudo y 1.8 por ciento menos de gas natural– con respecto al año anterior y a la disminución de las cotizaciones del crudo en los mercados internacionales. Tales cifras no reflejan, sin embargo, la parte más grave del derrumbe de los precios petroleros en el mundo (más de 50 por ciento), toda vez que ésta ha ocurrido en los últimos cuatro meses del año. Será, por tanto, en 2015, cuando esa reducción haga sentir lo peor de sus efectos en la economía nacional y en las finanzas públicas.
A lo anterior debe sumarse la volatilidad que impera en el mercado cambiario, en el que el peso ha experimentado una fuerte depreciación en las semanas recientes, así como el desmesurado incremento de la deuda externa, la cual se incrementó en cerca de 10 por ciento en un año, para alcanzar la suma de 145 mil millones de dólares.
En este contexto, la reactivación de la economía estadunidense no es necesariamente una buena noticia, pues podría generar una salida de capitales hacia el país vecino y aumentar de esa forma la incertidumbre con respecto a las perspectivas de la economía nacional.
En suma, el saldo del año que termina arroja indicadores como un erario mermado, un peso en disminución ante el dólar, un endeudamiento nacional e internacional incrementado y, por tanto, un achicamiento en las perspectivas de recuperación económica para 2015.
Si a este panorama se agrega la crisis institucional que enfrenta el país a consecuencia de la agresión contra estudiantes normalistas en Iguala, y las persistentes violencia e inseguridad, se obtiene un cuadro de preocupante fragilidad para la economía y las finanzas nacionales y una perspectiva por demás incierta para la realización de la reforma energética operada por la administración en curso y para la continuidad del modelo económico en su conjunto.
El momento hace necesario, en suma, que el gobierno federal emprenda una rectificación en las políticas neoliberales impuestas al país desde hace tres décadas, que realice un viraje en la conducción económica y dé marcha atrás en la reforma energética.
Si a la reducción de la renta petrolera por factores externos e imponderables se suma la transferencia de una porción sustancial de esa renta a empresas privadas nacionales y extranjeras, la debilidad de la finanzas públicas redundará, de manera inevitable, en una debilidad política y social del Estado y en un nuevo angostamiento de la gobernabilidad.
Cabe esperar que los responsables de la conducción nacional logren darse cuenta a tiempo y actúen en consecuencia.
