De la noche a la mañana, Noé Bastida Sánchez prácticamente lo perdió todo. En cuestión de segundos, la explosión de un tanque de gas estacionario de un edificio adjunto a su predio destruyó su vivienda y causó la muerte de dos integrantes de su familia.

Sin tiempo para procesar su duelo, se vio envuelto en una maraña de trámites y vueltas para presentar la denuncia y reclamar el daño, pero a más de tres meses de la tragedia, ocurrida el pasado 22 de noviembre en la calle Manuel José Othon número 146, en la colonia Obrera, aún está a la espera de que le hagan justicia.

Sin responsables

Su caso, asentado en la averiguación previa FCH/CUH-8/T3/ 04906/14-11, se empolva en algún archivo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), mientras sus tres hijos viven con familiares y él en un cuarto rentado cerca de su casa en ruinas.

Nadie me sabe decir si ya dieron con los responsables o cómo se va a reparar el daño. En el Instituto de Vivienda (Invi) me prometieron una ayuda, pero lo único que he recibido son dos pagos de cuatro que se me habían ofrecido, de 3 mil 500 pesos, asegura.

El día del incidente, Noé Bastida, de 43 años, se encontraba en su trabajo cuando la llamada de un vecino lo alertó sobre la explosión. Sin más, se dirigió a su casa. Pensé que había sido el boiler, pero al llegar me dí cuenta de la magnitud. El tanque se desprendió y salió volando a mi predio, hubo tres explosiones, a mi mamá la sorprendió en el patio, a mi hermana y a mi hija adentro de la casa. El techo colapso por completo, relata.

Le notificaron que su familia había sido trasladada a un hospital. Después, que su hermana había fallecido. Aún no terminaba los trámites para contratar el velatorio, cuando le informaron que su madre también había muerto.

Hasta el día siguiente pude ir a ver a mi niña, ni pensé en dónde iba a pernoctar, pero los de la coordinación territorial de la delegación Cuauhtémoc me dijeron que iban a ayudar, apunta.

Junte para sus ladrillitos

Logró una cita con el subsecretario de Gobierno, Juan José García Ochoa, quien gestionó que el Invi lo apoyara, pero después no le ha respondido las llamada. De las investigaciones realizadas, la fiscal desconcentrada de la delegación Cuauhtémoc, Elizabeth Cañizo, le informó que ya se había hecho el avaluó de los daños, pero que seguían las indagatorias.

Cuenta que lo último que le dijo la licenciada es: “Váyase juntando para sus tabiquitos o su arenita, para reconstruir su casa. En 15 días se va a presentar la persona que llevará su caso. Desde entonces no hemos sabido nada.

No tenía un gran patrimonio, pero sí una vida estable, y de pronto todo cambió. Me quedé sin casa y sin parte de mi familia. Además de mi niña, tengo otros dos hijos, que no pueden estar en mi cuarto, por lo que pido a la procuraduría y al gobierno capitalino que no dejen mi caso en el olvido, expresa.

El edificio de tres pisos, adjunto a su predio, estuvo abandonado durante años, pero en recientes fechas dos personas identificadas como Rafael Aguilera Cuevas y su hijo Iván Aguilera, habitaban el sitio, en el que instalaron una escuela de mecánica automotriz.

Después de la explosión, algunos vecinos han visto a los sospechosos sacar pertenencias del inmueble, el cual aún sigue acordonado y con sellos.