on el telón de fondo de un entorno nacional sobrado de factores de tensión y discrepancia, se extiende por Morelos un clima de crispación social ocasionado por el descontento de los ejidatarios locales por el desarrollo de diversos proyectos de infraestructura que forman parte del Proyecto Integral Morelos, entre los que destacan un acueducto y la entrada en operación de dos termoeléctricas. Ayer en una asamblea regional, ejidatarios del municipio de Ayala presentaron un documento en que desconocen a las autoridades ejidales y comunales que firmen o vendan sus tierras y agua, rechazan la injerencia de cualquier autoridad de alto mando que actúe contra el campo mexicano y declaran nulas las reformas realizadas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, por atentar contra el ejido, las tierras comunales, la pequeña propiedad y nuestra soberanía nacional y energética.

Este escenario de creciente conflictividad social recuerda el historial de acciones de resistencia popular en esa entidad en contra de diversos proyectos pactados entre gobiernos estatales y empresas trasnacionales. En el caso comentado, la negativa de los campesinos y ejidatarios morelenses a la realización de los proyectos referidos se funda en la consideración de que las obras comprometidas, lejos de reportar beneficios a las comunidades vecinas, implicarán la expropiación y devastación de terrenos ejidales; propiciarán un avance descontrolado y nocivo de la urbanización y permitirán el surgimiento de pingües negocios de especulación inmobiliaria que enriquecerán a particulares y empresas dedicadas al fraccionamiento y la construcción a costa de la población.

En una perspectiva más general, las acciones de resistencia comentadas plantean desafíos a un modo de gobernar que consiste en echar a andar importantes proyectos de infraestructura sin ponerlos a consideración de las poblaciones afectadas. Esa tendencia, que contribuye a consolidar la percepción de un poder público que actúa de espaldas a la población, ha sido una constante a lo largo del ciclo neoliberal en el país. Es significativo que los sectores inconformes en Morelos reclamen, en esta oportunidad, el desconocimiento de las reformas que pusieron fin al ejido y han permitido la entrega de tierras a las trasnacionales, en la medida en que esos cambios, que han sido parte del tren de aterrizaje del modelo económico neoliberal, se implantaron en el país en forma totalmente inconsulta. No es ocioso preguntarse cuál sería el resultado, hoy en día, de un sondeo que interrogara a la población sobre la pertinencia de continuar o no la aplicación del Consenso de Washington en México.

Ninguna obra de infraestructura, por importante que sea, puede llevarse a cabo sobre los derechos de la colectividad y en beneficio de los intereses de unos cuantos. Es procedente y necesario que el conflicto que se desarrolla en Morelos sea atendido con miras a obtener una solución concertada entre las partes y que las autoridades locales reconozcan el error que cometieron al impulsar la elaboración de los planes referidos sin atender a la inconformidad y a las afectaciones causadas a diversos sectores.