Huayacocotla, Ver.

Lenta pero inexorable, corre la alarma en las serranías del norte y la tierras bajas de la Huasteca: una amenaza se cierne sobre los derechos territoriales de miles de comunidades. Y ésta tiene un nombre, aunque no sea el único: fracking, o fractura hidráulica, nuevo y agresivo procedimiento para extraer gas y petróleo debajo y dentro de las grandes rocas subterráneas. Más de un centenar de municipios de cuatro estados se encuentran amenazados por el fracking en las rondas cero y uno de la Secretaría de Energía, de acuerdo con los mapas de Advanced Resources Internacional de la Huasteca y el Totonacapan, según documenta la Alianza Mexicana contra el Fracking.

En Veracruz son 49 los municipios en riesgo inminente. En Puebla, 22. En Hidalgo, 21. Y en San Luis Potosí, 18. Comunidades y campos agrícolas de los pueblos nahua, tenek, otomí, tepehua y totonaca. El representante del municipio poblano de Francisco Z. Mena, uno de los primeros afectados por las dos rondas, describe la arrogante presencia actual de vehículos, maquinaria y personal de las empresas Schlumberger y Halliburton. Ya operan varios pozos. Llegaron ofreciendo las estrellas y no han dejado nada. Exigimos que nos arreglaran la carretera que dejaron inservible; al protestar nos echaron a la fuerza pública y nos encarceló el gobierno de Puebla.

Como lo ven los comuneros y ejidatarios conscientes del futuro que les espera, este es sólo el primero de los jinetes del Apocalipsis soltados por las reformas constitucionales en materia energética que liberalizan en extremo quién y cómo extraerá los hidrocarburos en los territorios indígenas y campesinos por encima de cualquier otra consideración social o productiva, expresa Óscar Espino, miembro de la mencionada alianza en Papantla.

Las preocupaciones por lo que se viene, acumuladas sobre la ya grande cantidad de cosas graves que están ocurriendo (o peor, ocurrieron), asoman bajo las alas de los sombreros de los campesinos. Hay una sombra de preocupación en los rostros de los representantes de diversas comunidades indígenas y campesinas de Veracruz, Hidalgo y Puebla, reunidos en un pequeño hotel de arquitectura delirante y a medio construir en Huayacocotla, para discutir la inminencia de la fractura hidráulica a gran escala en sus pueblos y municipios.

Los asistentes proceden de Veracruz, Puebla e Hidalgo. Tienen en común ser personas de edad, que en su vida ya fueron y vinieron, han sido autoridades ejidales o comunales, han tratado con los gobiernos toda la vida, alguno fue alcalde. Su compromiso con los territorios y los derechos de las comunidades es pues madurado y realista. Esteban Mayorga, de Los Parajes, ha concluido que la autonomía es muy importante para poder dialogar con las personas. Se refiere lo mismo a sus paisanos que a los funcionarios y a los personeros de las empresas trasnacionales. Si no hay paz no hay nada. Pero sobre todo, la idea que yo traigo es de ser autónomo, sin eso van a acabar con nosotros y los bosques que todavía cuidamos, el agua, la vida.

Fuego en el agua

Con claridad y vehemencia, Fran­cisco Cravioto, de la organi­zación Fundar y miembro de la alianza, expone para los representantes comunitarios los efectos nocivos de la extracción de hidrocarburos en yacimientos de lutitas por fractura hidráulica y lo ilustra con un video estadunidense en el que un ama de casa, vecina a extracciones mediante fractura, abre el grifo de su cocina y cuando acerca un cerillo al chorro de agua, este coge fuego. Se dirá efectista, pero es real y comprobado. Y eso es sólo por la fuga del gas que enturbia el agua, que como exclama Eutimio Mendoza, parece pulque.

La perforación, explica Cravioto, emplea grandes cantidades de agua, la cual llega a contener hasta 600 sustancias tóxicas, además de liberar del subsuelo metales pesados y sustancias ácidas. Aunque las empresas extractoras aseguran contar con procedimientos para evitar que esa agua echada a perder no contamine los aguajes de las comunidades, es muy probable que haya filtraciones al cabo de los meses; seis años es el tiempo que dura en promedio la extracción en un sitio. Algo frecuente donde ya se hace fracking a gran escala es que el agua suba a la superficie e inunde campos. No existe tecnología aún para tratar esa agua, sostiene Cravioto.

La región del Golfo de México en conjunto es la que corre más riesgo en el país. Tras décadas de extracción petrolera tradicional, la escasez y dificultad para sacar los hidrocarburos expande los territorios a explotar, con prácticas mucho más agresivas contra los territorios y sus habitantes. Según ha escrito Manuel Llano (La Jornada del Campo, 86, 11/14), 13 pueblos indígenas tendrían comprometido su territorio, en primer lugar los yoko yinikob o chontales de Tabasco, con 85 por ciento de su territorio ocupado, seguido del totonaca con 38 por ciento, y el popoluca con 31 por ciento, ambos en Veracruz. Esto, en la ronda cero. En la uno, este año, los tenek, nahuas y totonacas verán ocupadas 320 mil hectáreas de sus territorios.

En su exposición, Cravioto refiere que la entrega de territorios y recursos a las trasnacionales data cuando menos de 2010, antes de las últimas reformas. Pero el paleocanal de Chicontepec, como se conoce un área codiciada y sobrevalorada que este año debía estar en esplendor petrolero, va en picada. Debía arrojar 22 por ciento de la producción nacional, según previeron en 2009 el gobierno federal y las cinco empresas a las que se asignaron los contratos (ya no se dice concesión aunque lo siga siendo): Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford y Tecpetrol. De acuerdo con Mauricio González González, también de la Alianza Mexicana contra el Fracking, dichos contratos de obra pública, además de ilegales, son un fiasco, pues resulta que las reservas probables no fueron probadas: apenas 5.4 por ciento de las iniciales cuentas alegres del calderonismo. Hasta 2012 se habían perforado cerca de 3 mil pozos, y operaban 2 mil 347.

Este error de cálculo justifica ahora la aplicación del fracking en la Ronda Uno, que ofrece a las empresas la extracción del gas shale. En Veracruz se prevé una asignación de 900 mil hectáreas, y en Puebla unas 90 mil, añade González, integrante del Centro de Investigación y Capacitación Rural (Cedicar).

Las instituciones nos protegen menos que nunca

Óscar Espino, de Papantla, refiere que Halliburton y Schlumberger “llegaron a Tihuatlán y Papantla desde hace 13 años, preparándose para aprovecharse en cuanto se hicieran los cambios en la Constitución ‘donde nunca se iba a tocar’, como prometían los gobiernos federales, hasta que crearon nueve leyes y reformaron 12 leyes ya existentes, en su ‘pacto contra México’”. Se trata de la mayor amenaza, en más de un siglo, para los territorios indígenas y el suelo nacional. La nueva Constitución no da derechos, los quita, abunda Espino. Ante la inminente servidumbre legal de los hidrocarburos, propone a los asistentes cuidar a las autoridades ejidales y locales, pues corrompiéndolas o atemorizándolas es como van a entrar, y las instituciones nos protegen menos que nunca porque están en favor de las empresas, no de nosotros. Los pueblos se encuentran en indefensión jurídica, y sólo resta el recurso de los instrumentos internacionales firmados por el Estado.

Un naranjero de Álamo resume todo en la necesidad de crear un frente de los pueblos en defensa del territorio. Como expresa González González, de Cedicar, éstos se enfrentan a un genocidio, pues las nuevas circunstancias harán imposible la vida de las personas de esas comunidades, que constituyen un mundo, una humanidad que no será ya posible sin determinado pueblo indígena. Un daño irreparable.