asi una semana después del secuestro y asesinato del periodista Armando Saldaña Morales, quien dirigía un programa radiofónico en Veracruz y cuyo cadáver fue encontrado en un terreno baldío en Oaxaca, fue levantado, en la carretera federal Iguala-Teloloapan, Javier Cano Torres, conductor del programa radiofónico Hora Cero de la emisora ABC, con sede en Iguala. Además del comunicador, tres personas que lo acompañaban se encuentran también desaparecidas
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El telón de fondo en que ocurrieron los hechos comentados es el clima de violencia y anulación del estado de derecho en distintos puntos del país; la clara inoperancia de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia, y el avance de una restauración autoritaria que se muestra incómoda con las voces de periodismo crítico e independiente, factores que otorgan un amplio margen para el accionar de los grupos delictivos, particulares y autoridades contra los periodistas, y derivan en un ambiente de impunidad generalizada en los casos de agresiones contra el gremio.
Independientemente de quiénes sean los autores materiales de los crímenes contra los periodistas comentados, las autoridades de los distintos niveles de gobierno tienen una responsabilidad política innegable en la totalidad de esos episodios. A fin de cuentas, la salvaguarda de la libertad de expresión, la seguridad de los medios informativos y la integridad física de sus integrantes no son responsabilidad de las organizaciones delictivas, sino de los gobiernos federal, estatales y municipales, de las instancias de procuración de justicia, de los órganos legislativos y del Poder Judicial.
Los secuestros, asesinatos, intimidaciones y actos de censura contra comunicadores son, por lo demás, eventos que impactan en un ámbito mucho más amplio que el de la víctima y su entorno familiar, en la medida en que atentan contra el derecho a la información de la población en general. El gobierno federal, por desgracia, sigue exhibiendo en este sentido grandes cuotas de irrealidad en sus acciones y pronunciamientos.
La democracia, la transparencia, la rendición de cuentas, la vigencia del Estado de derecho y la justicia son metas irrealizables en la medida en que no exista un compromiso gubernamental genuino con la aceptación de la realidad y, enseguida, con libertad de expresión y con el derecho de la ciudadanía a la información. Cabe esperar que las autoridades asuman dicho compromiso y actúen en consecuencia.
