a agresión policial ocurrida ayer contra jornaleros del valle de San Quintín, Baja California, dejó un saldo de 70 personas heridas, siete de ellas de gravedad, tras el ingreso de efectivos policiales a la colonia Nuevo San Juan Copala. De acuerdo con las versiones disponibles, los hechos se produjeron cuando un grupo de jornaleros inconformes se apostó ante las puertas del Rancho Seco –uno de los campos jitomateros más importantes de la región– para pedir a sus compañeros que no entraran a trabajar, en reclamo por una reunión fallida con el subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda Nava.
El precedente inmediato es la determinación de ese funcionario de cancelar unilateralmente la reunión que se tenía prevista con trabajadores de San Quintín para el viernes. Esa decisión generó un comprensible descontento entre los campesinos de San Quintín, quienes desde hace meses mantienen bloqueos y movilizaciones en demanda de la modificación de sus deplorables condiciones laborales.
De tal forma, lo que inició como un reclamo de índole laboral, y sumamente procedente para dignificar las condiciones de trabajo de los comuneros, ha derivado en un conflicto social de proyección nacional, en el marco del cual se han cometido presumibles violaciones a los derechos humanos, y en el que resulta innegable la responsabilidad política del gobierno federal, el cual ha abandonado en forma alarmante las formas correctas de gobernar, y ha exhibido un extravío en la observancia de los principios elementales de respeto a las garantías individuales.
Es de suponer que los hechos de ayer habrían podido evitarse si la subsecretaría a cargo de Miranda hubiese mostrado un mínimo de voluntad política para atender un conflicto laboral que ha crecido en explosividad y encono como consecuencia de la inoperancia de las propias autoridades. Alguien habría de recordarle al citado funcionario que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (artículo 27), la dependencia a la que pertenece es responsable de “conducir la política interior que competa al Ejecutivo (…) favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y de las leyes, se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática”.
Según puede verse, el actual ejercicio del poder, caracterizado por la desidia, la torpeza y la incapacidad ante disidentes sociales y opositores, arroja en forma recurrente un incremento en el potencial explosivo y de violencia social. El asunto resulta doblemente preocupante si se considera que ese poder, en sus distintos niveles y con todos sus recursos de fuerza, ha sido incapaz de poner un alto al sostenido deterioro de la seguridad pública y de la conflictividad social en el territorio.
Es imperativo que el episodio de ayer sea investigado a profundidad, que el esclarecimiento llegue hasta sus últimas consecuencias y, si es el caso, se castigue conforme a derecho a los responsables.
En una perspectiva más general, se debe revertir cuanto antes la deplorable situación que padecen más de 2 millones de jornaleros en México, quienes viven en condiciones de semiesclavitud, sin contrato ni prestaciones sociales y quienes, pese a la dureza de sus trabajos, cobran entre 60 y 120 pesos diarios, en promedio.
Los gobernantes deben tomar conciencia sobre la intrínseca inmoralidad de un modelo que por un lado genera profundos y extendidos descontentos sociales y por el otro pretende suprimirlos mediante el abuso de la fuerza. Por ese camino las muestras de ingobernabilidad en el país pueden generalizarse hasta llegar a un punto de no retorno.
