La organización civil Borde Político, dedicada a promover la transparencia en el ámbito del Ejecutivo y Legislativo, ha recibido amenazas que violan su libertad de expresión, advirtieron diputados de PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano (MC).

A partir de una investigación de la ONG sobre el manejo del fondo para la infraestructura social municipal de la Sedesol, comenzaron las amenazas.

Borde Político se asoció con las universidades de Harvard y Nueva York para investigar y difundir entre la ciudadanía el manejo del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, de la Sedesol, destinado a combatir la pobreza e implementar servicios básicos en las comunidades del país.

Los fundadores de ese grupo son Benjamín Arditi, doctor en teoría política por la Universidad de Essex, maestro en política económica por la Universidad de Toronto, y Ricardo Espinoza Toledo, también doctor en ciencia política por la Universidad de París, maestro en historia por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París.

Lo anterior ha incomodado a algunos actores de la administración municipal, ya que desde que empezaron su trabajo de campo repartiendo trípticos informativos, el equipo ha sido intimidado y amenazado, denunciaron los diputados Juan Pablo Adame, PAN; Fernando Rodríguez Doval, PAN; Fernando Belaunzarán, PRD; Lilia Aguilar, PT, y Danner González, MC.

Borde Político –suscribieron los legisladores en un punto de acuerdo en la Comisión Permanente– también ha recibido llamadas de partidos políticos que manifiestan descontento por la información que divulgan. Muchos de sus colaboradores han sido detenidos por el solo hecho de difundir información de carácter público.

El viernes 22 de mayo, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, individuos no identificados y la policía local hostigaron a integrantes de Borde Político que repartían trípticos. El lunes 25 del mismo mes, en Aquismón, San Luis Potosí, nuevamente el personal de campo fue interceptado por supuestos elementos de la policía local, quienes amenazaron con no hacerse responsables por lo que les ocurriera si continuaban con las tareas de difusión.

En el hecho más reciente, el miércoles 3 de junio no se permitió trabajar a los colaboradores de la ONG en Chimalhuacán, estado de México.