a Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó ayer continuar su jornada de lucha contra la reforma educativa y mantener el boicot contra la evaluación de los docentes, al tiempo que anunció una nueva oleada de protestas.
La determinación adoptada por la asamblea nacional representativa del magisterio se conjuga con la determinación de la sección 22 de esa organización de regresar a las aulas el próximo 17 de junio, pero mantener plantones con presencia representativa en el Distrito Federal y en Oaxaca, amén de que se prevé convocar a una movilización masiva a partir del 15 de julio –es decir, una vez que se haya iniciado el periodo vacacional de verano en las escuelas–, en caso de que el gobierno federal no dé una respuesta puntual a sus demandas. Otra señal de que el magisterio disidente se mantendrá activo es la determinación de boicotear el proceso electoral de Chiapas, que se realizará el 19 de julio próximo.
Las posturas expresadas ayer por los sectores críticos del magisterio dan cuenta de que el conflicto que mantienen con el gobierno federal dista de haberse solucionado. Las causas que dieron origen a la movilización magisterial siguen intactas, empezando por la referida evaluación docente –que ha sido cuestionada por especialistas por su nulo aporte a elevar la calidad de la educación y por atentar contra los derechos laborales de los profesores–, y hasta ahora no ha habido muestras contundentes de la disposición del gobierno federal por solucionar el conflicto.
Por lo contrario, las autoridades se mantienen obstinadas en defender el conjunto de modificaciones legales que se ha dado en llamar reforma educativa como algo distinto de lo que realmente es: una modificación unilateral, administrativa y del régimen laboral de los trabajadores de la educación, que no contiene un proyecto educativo, ni permitirá mejorar el existente –en la medida en que no ataca las causas socioeconómicas y políticas que originan esos rezagos–, y que fue acordada sin tomar en cuenta el punto de vista de los principales afectados. Para colmo, a dicha cerrazón gubernamental se ha sumado una campaña de desinformación y linchamiento mediático contra los docentes inconformes, lo que complica la resolución del conflicto.
En la circunstancia nacional presente, el conflicto magisterial constituye un factor particularmente explosivo, en la medida en que representa un punto de cruce de numerosos elementos de descontento que han venido sumándose en las recientes tres décadas: la precariedad laboral, impuesta a la mayoría de los trabajadores de los sectores formal e informal; el abandono presupuestal de la educación pública y la entrega de su control a cúpulas gremiales mafiosas; el estrangulamiento crónico de los pocos factores de movilidad social en los entornos rurales, como es el caso de las normales; el déficit de democracia sindical que prevalece en el magisterio y, en general, la crisis de representatividad que aqueja a un poder público empeñado en profundizar, sin contar con el consenso de la población, un modelo de nación insostenible y sumamente costoso en términos sociales.
Es pertinente, por ello, que las autoridades respondan con vocación negociadora y disposición al diálogo a la inconformidad magisterial y que se dispongan a actuar con voluntad política para escuchar y atender los reclamos del magisterio y para revertir una reforma educativa que ha resultado sumamente costosa para todos los involucrados y que obedece más a proyectos empresariales que a un genuino interés por la educación en el país.
