La gestión del director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique Fernández Fassnacht, ha dado cumplimiento a 60 por ciento de los ocho acuerdos signados en diciembre pasado entre la Asamblea General Politécnica (AGP) y los representantes del gobierno federal, así como la carta compromiso que firmó.

En un informe que el directivo presentó recientemente, del cual La Jornada tiene copia, se detalla cuáles son los puntos cumplidos, como garantizar que no habrá represalias, y la revocación del Reglamento General Interno –el cual dio origen a las protestas estudiantiles que mantuvieron cerrado el IPN más de 10 semanas–, entre otros.

Fernández Fassnacht también detalla que 23 por ciento de los acuerdos entre el gobierno federal y la AGP se encuentran en proceso y 6 por ciento continúan pendientes en su operación. Asimismo informa que toca al gobierno federal dar cumplimiento a 11 por ciento de los compromisos.

De acuerdo con el reporte, que se presentó en la reciente sesión del Consejo General Consultivo, algunos de los compromisos cumplidos son los siguientes: la publicación de una circular el 7 de enero de 2015 en la que el director del IPN emitió cuatro disposiciones tendientes a garantizar que no habrá represalias contra quienes participaron en el movimiento estudiantil.

Se informa que el 23 de enero de 2015 se concretó la cancelación del oficio del 19 de julio de 2005 en el que se asentaban las remuneraciones a los ex directores generales del IPN. Para la reasignación de estos recursos, el titular de la casa de estudios solicitó en un oficio el apoyo del titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuayffet.

Otros dos acuerdos a los que ya se dio cumplimiento fue la revocación del Reglamento General Interno, aprobado durante la administración de la ex directora Yoloxóchitl Bustamante, y la realización de un estudio acerca de las necesidades de infraestructura.

En el punto referente a la auditoría al desempeño de la gestión, el director del Politécnico detalla que solicitó a la Secretaría de la Función Pública incluir en su programa de trabajo dicha auditoría, y que concluido el proceso se informe en la página de Internet de la dependencia, lo que aún está pendiente y toca al gobierno federal concluir.

Uno de los principales puntos demandados por la AGP fue la erradicación y sanción a los integrantes de los grupos de porros.

Si bien dicha palabra no quedó asentada en los acuerdos, el compromiso fue que no se darían privilegios a personas o grupos que violenten o transgredan los derechos de la comunidad politécnica.

Sobre el punto, Fernández Fassnacht informa que mediante una circular reiteró a los titulares de las dependencias de la institución la prohibición expresa de otorgar dichos privilegios.