En su estrategia de entrega de televisores digitales, como parte del llamado apagón analógico, las secretarías federales de Desarrollo Social (Sedesol) y Comunicaciones y Transportes (SCT) dieron prioridad a las tres delegaciones que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ganó en los comicios del pasado 7 de junio.

Tres días después de la jornada electoral, es decir, el 10 de junio, las dependencias federales comenzaron a distribuir las pantallas en Cuajimalpa, y después continuaron en Milpa Alta y Magdalena Contreras –donde los abanderados priístas ganaron las jefaturas delegacionales–, según el propio calendario difundido por la SCT.

Sin embargo, de acuerdo con beneficiarios, los trabajos previos se iniciaron mucho antes, pues la notificación de que se habían hecho acreedores a una pantalla digital comenzó a llegarles a finales de abril, por conducto de brigadas de la Sedesol que acudían a los domicilios, donde les decían que sólo estaba pendiente la definición de la fecha de entrega.

Sobre la captación de datos biométricos de los beneficiarios del programa de transición a la televisión digital terrestre (TDT), el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, advirtió que es importante que se garantice el cuidado de los datos que obtuvo la SCT.

Comentó que la dependencia federal se comprometió a enviarle toda la información al respecto. Sé que emitió un boletín que refiere que son parte de sus reglas de operación, indicó.

Mancera remarcó que en ninguno de los programas sociales a cargo de su gobierno se realizan esos procedimientos para la entrega de apoyos.

Al preguntarle si con este fichaje no se estaba criminalizando a la población de escasos recursos, el mandatario capitalino respondió: Creo que la importancia es ahora la protección de datos personales y ahí seguramente es donde estarán analizándolo.

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Ernestina Godoy, consideró que el Estado no cumple con la responsabilidad de resguardar y proteger los datos personales de los beneficiarios del programa TDT, que ha implicado un gasto de mil 167 millones 92 mil 628 pesos, que han sido manejados con total opacidad y de forma discrecional por la Sedesol y la SCT.

Solicitó a la Auditoría Superior de la Federación verificar dicho programa y dar cuenta si cumple con los parámetros de programa social o sólo corresponde a la entrega de dádivas con fines electorales.

Asimismo, pidió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales investigar el mal uso, resguardo y transmisión de datos personales a una empresa privada, y exhortó a las comisiones nacional y local de Derechos Humanos pronunciarse al respecto y sobre la legalidad del tipo de información que recaban la SCT y la Sedesol.