Brasilia.

Edinho Silva, ministro de Comunicación y ex tesorero de la campaña electoral de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y el jefe de gabinete Aloizio Mercadante, son investigados por el desvío de recursos para el financiamiento en la campaña electoral de la mandataria hace un año, dentro del escándalo de corrupción de la estatal Petroleo Brasileiro (Petrobras), informaron los diarios O Estado de Sao Paulo y O Globo.

Silva, también portavoz de Rousseff, es investigado por haber recibido 7.5 millones de reales (unos 2 millones de dólares) del empresario Ricardo Pessoa, de la constructora UTC Engenharia.

Según medios locales, Pessoa declaró ante la justicia que entregó los recursos para la campaña presidencial de Rousseff, presionado por el ex tesorero Silva, como forma de soborno para no perder contratos con Petrobras.

Mercadante fue señalado por Pessoa de haber recibido 250 mil reales (67 mil 500 dólares) para su campaña por la gubernatura de Sao Paulo en 2010. El empresario aseguró que entregó el soborno a cambio de contratos con Petrobras.

Mercadante rechazó haber incurrido en irregularidades y se puso a total disposición de los investigadores, según el portal G1.

En otro orden, Mercadante aseguró que se necesita un aumento temporal de impuestos para reducir un déficit presupuestario que amenaza la calificación de deuda soberana del país, reportó el diario Folha de Sao Paulo.

En el Petrolao las principales constructoras de Brasil formaron un cártel para manipular licitaciones de Petrobras a cambio de sobornos a directivos de la estatal vinculados a partidos políticos, escándalo que sectores que van de la derecha a la ultraderecha han usado para presionar a fin de que comience un proceso de impeachment (juicio político). La oposición también exige la destitución o renuncia de Rousseff ante la crisis económica.

No hay ningún motivo para un juicio político (contra Rousseff) sólo porque hay problemas económicos. Al mismo tiempo hay denuncias de corrupción, pero eso debe quedar apartado del ámbito de la gobernanza del país, declaró el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) al diario argentino Página 12.

El ex mandatario sostuvo que toda denuncia puede ser investigada como corresponde, por fiscales y jueces, pero la obligación de Dilma, en tanto, es gobernar, porque fue elegida para cuidar los intereses de 204 millones de brasileños.