A tres semanas de que el juez federal Guillermo Campos declaró la quiebra de Ficrea, los principales acreedores de la sociedad financiera defraudada por Rafael Olvera Amezcua han comenzado una guerra de escritos y promociones judiciales encaminadas a demostrar quién tiene derecho de prelación para el cobro de sus adeudos.

Debido a que de los 5 mil 556 millones de pesos que adeuda Ficrea, solamente tiene activos líquidos por 627 millones para pagar, se prevé que será muy complicado un acuerdo entre los acreedores, informaron fuentes del Poder Judicial Federal.

Dijeron que el juez Campos Osorio se hará cargo de supervisar el proceso de liquidación y eventual pago a 4 mil 327 acreedores de la sociedad financiera, pero si ellos no logran ponerse de acuerdo en la lista de prelación, el proceso de pago podría llevar varios meses.

El acreedor más importante de Ficrea es el Fondo de Apoyo a la Administración de la Justicia, un fideicomiso del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal constituido en Banco Santander, que tenía 110.6 millones de pesos en esa Sofipo.

Otro fideicomiso, instituido en Multiva, reclama 61 millones de pesos, aparentemente invertidos por el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila.

Entre las personas físicas destaca José Rubén Rodríguez Vázquez, residente de Saltillo, al que se le reconocieron 52.7 millones.

También están los ex trabajadores, que reclaman hasta 124 millones de pesos en deudas laborales, los cuales tendrán preferencia sobre todos los demás cuando se fije la prelación para el cobro. La Condusef podrá designar hasta tres interventores que representen y protejan los derechos e intereses de los afectados por el fraude de Ficrea.

Después de casi un año de permanecer en concurso mercantil, el juez federal Guillermo Campos declaró el pasado 5 de octubre la quiebra de la Sociedad Financiera Popular (Ficrea), que fue intervenida por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto luego de que fue detectado un fraude millonario perpetrado por Rafael Olvera, su ex accionista mayoritario.

El proceso de concurso mercantil implica que el juez, y no la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, será el supervisor de la liquidación de activos con los que se busca pagar a los más de 4 mil ahorradores que tenían depósitos superiores a los 130 mil pesos que ya cubrió el seguro de las Sofipos.