La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) condenó ayer todo acto encaminado a inhibir, obstruir y limitar la protesta ciudadana, así como las detenciones colectivas o individuales arbitrarias, porque ello representa un mensaje para criminalizar el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión.

A un año de la detención de 31 personas que participaron en la marcha de apoyo a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, el organismo hizo un llamado a las autoridades capitalinas a no criminalizar la protesta social e implementar protocolos de contención de multitudes con estricto apego a los derechos humanos.

Consideró fundamental que se investigue y procese a servidores que incurrieron en abuso de autoridad, y destacó la obligación del Estado en la reparación del daño a las víctimas de las agresiones.

En un pronunciamiento, la CDHDF recordó que al finalizar la movilización por la cuarta jornada de Acción Global por Ayotzinapa, se registraron detenciones arbitrarias, incomunicación, tortura, violencia física y sicológica contra manifestantes.

Las medidas, expresó el organismo, buscan un doble efecto: por un lado pretende reprimir a quienes se manifiestan, principalmente los jóvenes, y por otro procura inhibir la protesta, dando un mensaje a la población de que al hacerlo pueden correr la misma suerte de estas personas.