Querétaro, Qro.

El presidente Enrique Peña Nieto confió ayer en que con el paso del tiempo se acreditará ante la ciudadanía la eficiencia del Sistema Nacional Anticorrupción y de la Ley de Transparencia.

Al encabezar la 25 asamblea general de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, el Ejecutivo federal equiparó los proyectos destinados a obligar a los entes gubernamentales de los tres niveles a rendir cuentas con el sistema electoral que se ha construido en años recientes, el cual, para muchos, tenía pocas posibilidades de tener éxito, apuntó.

Quizá, añadió, hace 25 años no se apreciaban los cambios que había en el orden político, que crearon una instancia de orden ciudadano precisamente para arbitrar los procesos electorales en el orden federal y en las entidades federativas para asegurar el estricto respeto al ejercicio del voto de los ciudadanos.

Hoy, difícilmente alguien pone en duda los resultados de una elección al acreditarse fehacientemente cómo transcurre y el modelo de transparencia que hay en cualquier proceso electoral, indicó.

Agregó que haber adoptado esos dos modelos es paradigmático, porque permitirán una clara rendición de cuentas y una mayor transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. Incluso, dijo, de los particulares que reciban recursos públicos.

En ese acto, realizado en el Teatro de la República, participaron el gobernador de la entidad, Francisco Domínguez Servién; el titular de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade, y el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Luis Maldonado Venegas, aseveró que el Poder Legislativo es uno de los últimos reductos de opacidad, y dijo que es tarea pendiente de la actual legislatura avanzar en la rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Virgilo Andrade dijo que el tema de la rendición de cuentas es internacional, y se pronunció por que los ciudadanos tengan mayor participación en la revisión del gasto público.