Buenos Aires.

El nuevo ministro de Comunicaciones de Argentina, el ex diputado de la corriente más derechista de la Unión Cívica Radical, Óscar Aguad advirtió que la regulación de la ley de medios no va a subsistir durante nuestro gobierno como su primera medida al jurar el cargo.

Advirtió que la próxima semana solucionarán el problema de la permanencia en los cargos de los titulares de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabattella y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), y Norberto Berner.

Ambos funcionarios no debían necesariamente dejar sus cargos, pero Aguad sostuvo que no puede funcionar con dos presidentes de dos directorios que vienen de la locura de la controversia.

Más aún advirtió estar dispuesto a aplicar la ley de medios con la filosofía contraria a la que surge de la propia legislación.

La ley de medios fue votada por mayoría en el Congreso en 2009 y refrendada por la Corte Suprema. Hace dos años debían estar funcionando todas las normas establecidas, especialmente la considerada más democratizadora que era acabar con los grupos monopólicos mediáticos, el primero de los cuales es el de Clarín, que prácticamente controla toda la información en el país. De acuerdo a Aguad la ley fue hecha para aniquilar al Grupo Clarín y a otros medios, como Cadena 3, con los que el gobierno no simpatizaba. La filosofía es la contraria: la libertad de expresión va a ser absoluta y los medios van a tener que competir como se compite en el mercado.

En realidad es imposible competir, cuando Grupo Clarín controla Papel Prensa, empresa que adquirieron con el diario La Nación y La Razón (que ya no existe), durante la última dictadura militar (1976-1983).

Existe una causa que intenta juzgar el caso de esta compra en condiciones trágicas, ya que la familia que vendió esta empresa, fue conminada por la dictadura militar, perseguida, llevados varios de ellos a centros clandestinos de detención y torturados, lo que a todas luces indica que fue una venta extorsiva.

Además la dependencia de la justicia argentina tanto de la dictadura militar, como del poder económico y cuya democratización han reclamado diversos sectores de la sociedad, evitó que se hiciera cumplir la ley de medios al Grupo Clarín manteniendo medidas cautelares desde 2009 hasta ahora como un derecho. Aunque Aguad habló de ayudar a los medios más pequeños esto es imposible, como señalan los abogados de la causa Papel Prensa, mientras se mantenga este monopolio del papel y no se ha haga justicia.

La ley de medios que sustituyó a la de la pasada dictadura militar fue reconocida por organismos internacionales, como uno de los más avanzados proyectos para democratizar la información.

El hasta ahora titular de la AFSCA Martín Sabbatella, respondió los anuncios de Aguad y sostuvo que se deben analizar en el marco del proyecto general de Macri de subordinar la política a la economía concentrada y, para hacerlo, necesitan la complicidad de los grandes medios.

Señal para Clarín, dice Sabattella

En su comunicado Sabattella sostiene que decir que la actual regulación no va a subsistir es una señal explícita al Grupo Clarín. Y no es solamente porque quieren que (Héctor) Magnetto (gerente general de Clarín) y sus socios se llenen de plata: es la forma en la que se proponen pagar la cobertura mediática que necesitan para intentar arrasar con los derechos adquiridos por el pueblo argentino.

Aunque el presidente el derechista Mauricio Macri había adelantado en su campaña que iba a modificar y mejorar la ley de medios para garantizar una mayor diversidad a la hora de informarnos, la intención de acabar con esta ley que prepararon durante años más de 20 años de trabajo unas 200 instituciones, universitarias, políticas y profesionales, sindicatos y otros y a la que se consideró una de las leyes más democráticas de la historia, era más que evidente.

De hecho ya quedaba claro lo que iba a suceder cuando el nuevo gobierno dio a conocer un decreto traspasando la AFSCA y la AFTIC de la órbita de Presidencia al ministerio de Comunicaciones. Sabbatella y Berner no están dispuestos a renunciar.

En otro orden de cosas el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel defendió públicamente el derecho de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó a mantenerse en el cargo porque como en el caso de los magistrados de la Corte Suprema es vitalicio. Sobre Gils Carbó existe una verdadera persecución del gobierno actual, a pesar de lo advertido por la Corte.

También debió renunciar el cineasta Tristan Bauer a cargo del Sistema Nacional de Medios Públicos, quien respondió fuertemente a una expresión de Macri, quien dijo que el funcionario estaba atornillado en el cargo.

Sin efecto memorándum sobre la AMIA

El nuevo ministro de Justicia, Germán Garavano, confirmó que ya quedó sin efecto el Memorándum de Entendimiento por el caso de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que investiga el cruento atentado de julio de 1994, contra esa sede, que dejó 86 muertos.

El analista Raúl Kollman ya lo había advertido en Página 12 y también sostuvo que había un último paso que analizar, es que se haría si los familiares de las víctimas (Agrupación 18 J ) podrán continuar sosteniendo su posición al considerar que ese acuerdo era válido y que era la única posibilidad de ir hacia la verdad, ya que la justicia argentina, bajo presión de Estados Unidos e Israel, sostiene que los culpables del hecho son funcionarios iraníes.

Irán denuncia desde un principio que la causa judicial en contra de sus funcionarios es un armado de los servicios de inteligencia estadunidenses, israelíes y argentinos.

El gobierno de Israel y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) han apoyado rápidamente esta medida del nuevo gobierno. En el gabinete de Macri, en derechos humanos se nombró a un ex directivo de la DAIA y en Medio Ambiente al rabino ultraderechista Sergio Bergman.