n su informe sobre pequeños agricultores y el desarrollo sustentable de productos básicos, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) señaló a los campesinos o pequeños productores agrícolas como principales contribuyentes de la seguridad alimentaria en el mundo, así como fundamentales para el logro de la sustentabilidad social y ambiental. En contraste con estas contribuciones, el informe reporta que los campesinos concentran apenas 12 por ciento de todas las tierras agrícolas, a la vez que representan a 70 por ciento de las personas en pobreza extrema de los países en desarrollo. Aun así, los pequeños productores agrícolas generan 80 por ciento de los alimentos del planeta.

La estrecha correlación existente entre los pequeños productores rurales y la pobreza –como se documenta en el informe del referido órgano de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU)– está a su vez vinculada con el hecho de que los estados nacionales realizan una inversión de recursos públicos muy inferior a lo que ameritarían las cifras mencionadas. Se asiste, pues, a una de las múltiples paradojas que convergen en el modelo económico vigente: mientras los campesinos y campesinas del mundo constituyen, por su labor, un factor invaluable de gobernabilidad, los gobiernos, al excluir a ese sector de las políticas económicas aplicadas, juegan como agentes de la desestabilización social.

A los efectos económicos, sociales y políticos del abandono deliberado de los entornos rurales se suman los medioambientales. Debe tomarse en cuenta que pese a la responsabilidad ambiental desplegada en sus prácticas, los campesinos se encuentran particularmente expuestos a las amenazas del cambio climático, factor que complica su panorama económico.

En suma, el informe de la ONU confirma lo que desde hace años han venido sosteniendo organizaciones campesinas, ecologistas y de oposición a los organismos genéticamente modificados: la preservación del medio ambiente y la soberanía alimentaria requieren del apoyo a los pequeños productores y no de la concentración de tierras y patentes exclusivas en manos de un puñado de trasnacionales. Es decir, la política económica vigente promueve acciones que van a contrapelo de las necesidades actuales.

En este sentido, la desfavorable asimetría existente entre el porcentaje de tierra controlada por grandes productores y su aporte minoritario a la producción mundial de alimentos parece dar también la razón a quienes denuncian que el propósito de la agroindustria no es la producción de alimentos, sino de ganancias.

Lo cierto es que el informe de la UNCTAD obliga a plantear la reorientación radical del modelo productivo imperante en el campo, pues ahora queda claro que incentivar la agricultura nacional es lo correcto en términos de seguridad alimentaria e impacto ambiental a mediano y largo plazos, incluso si desde una perspectiva meramente económica estos programas resultan onerosos en lo inmediato.

Es tiempo de que los estados respalden a los pequeños productores mediante políticas coherentes con el doble objetivo de la seguridad alimentaria y la responsabilidad ambiental, ya que únicamente asumiendo los costos de una reorientación en los paradigmas productivos podrá terminarse con la inaceptable situación actual.