Buenos Aires.

El gobierno del presidente Mauricio Macri comunicó a la Interpol su firme determinación de mantener la vigencia de las capturas internacionales libradas por la justicia argentina contra tres imputados de origen iraní, en el contexto de la investigación del atentado contra la Asociación Mutual Israelí-Argentina (AMIA) de julio de 1994 que dejó 85 muertos.

De esta manera, marcando además una posición abierta al gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela y a dos días de la reunión de presidentes del Mercado Común del Sur (Mercosur) en Paraguay, el próximo día 21, Macri comienza su administración con una política exterior alinéandose a los sectores más duros de Washington.

Tengo claro que defiendo la democracia y lo que pasa en Venezuela no refleja eso, ha dicho el presidente argentino, quien está dispuesto a solicitar que se aplique la cláusula democrática a Venezuela, en este caso por mantener detenidos a opositores que actuaron en un intento de golpe contra Maduro, a quienes considera presos políticos.

En una entrevista reciente con la BBC en español, advirtió: Tenemos que poner el país en el lugar que están la mayoría de las naciones del mundo y salir de esa posición espantosa. Ante esa situación, tanto Maduro como la canciller venezolana Delcy Rodríguez criticaron la persistente e ilegítima injerencia en asuntos de Venezuela de sus homólogos argentinos.

En el caso de Irán, el comunicado conjunto de la cancillería y del Ministerio de Seguridad menciona el proceso de revisión de las alertas rojas dispuesto en julio por la Comisión de Control de Ficheros de la Interpol (organización internacional de policía que había solicitado “conocer si las razones por las cuales se requirieron oportunamente las órdenes de captura de los ciudadanos iraníes Mohsen Resai, Mohsen Rabbani y Alí Fallahijan seguían siendo válidas).

Dicho requerimiento fue respondido afirmativamente, brindando los argumentos correspondientes, informa el comunicado, firmado por Susana Malcorra, canciller, y Patricia Bullrich, de Seguridad, aunque se conoce que la Interpol espera pruebas y no argumentos. Las alertas rojas fueron conservadas por el gobierno anterior.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad solicitó a la Oficina Central Nacional de la Interpol Argentina que se informe si la Comisión de Control de Ficheros analizó la documentación enviada (anteriormente) y si necesita datos complementarios.

En realidad, la derecha local intentó manejar el tema iraní tratando de acusar a la administración saliente de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de haber levantado esas alertas rojas, lo que fue desmentido por la dirección de la Interpol en una carta enviada a comienzos de este año. Lo que sí conocen los expertos en el tema es que nunca se han podido presentar pruebas concretas sobre la responsabilidad de los funcionarios iraníes.

La acusación contra Irán surgió al día siguiente del atentado, el 18 de julio de 1994, cuando uno de los servicios de inteligencia de Israel (Mossad) y otro de Estados Unidos (CIA) acusaron a ese país sin haber realizado ninguna investigación.

Ese señalamiento, que tenía que ver con lo que se denunció en su momento aquí como intereses estratégicos de ambos países en Medio Oriente y en Irán, obstaculizó las pesquisas, contaminando con falsificación de pruebas el juicio por la AMIA, que obligaron a cerrar esta causa en 2005.

Ante esta situación y después de demandas ante Naciones Unidas para colaborar en el esclarecimiento del atentado, planteadas por los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), esta última logró firmar con Irán un memorándum de entendimiento en 2013 que proponía el envío de jueces argentinos a ese país persa para indagar a los acusados, ya que no existe extradición en la justicia iraní, que además solicitaba pruebas concretas, mismas que nunca fueron enviadas.

A principios de este año se produjo el hecho más grave en la causa de la AMIA, después de que el gobierno de la presidenta Fernández disolviera, a finales de 2014, la Secretaría de Inteligencia del Estado, que mantenía las estructuras de la pasada dictadura (1976-83), comprobándose los lazos de espías locales en el caso de la AMIA con la CIA y el Mossad, y otras graves irregularidades.

Sorpresivamente, en enero de este año el fiscal nombrado al frente de la causa en 2004, Alberto Nisman, interrumpió sus vacaciones en Europa y con una celeridad asombrosa, en un mes de feria judicial, presentó una denuncia contra Cristina Fernández acusándola de haber negociado con Irán el tema de la AMIA.

La denuncia contenía suposiciones, ninguna prueba, y una redacción antijurídica, por lo que fue rechazada por jueces y fiscales y calificada por los juristas más importantes del país de impresentable.

Unos días después, cuando Nisman iba a comparecer en una comisión del Congreso, apareció muerto el 18 de enero en el baño de su departamento con un disparo en la cabeza, en un aparente suicidio. Un día después se presentó un ayudante del fiscal, Diego Lagormarsino, a quien Nisman había pedido un arma la tarde anterior a su muerte, misma que fue encontrada junto a su cadáver.

Inmediatamente la oposición, especialmente por conducto de los grandes medios, acusó al gobierno de Fernández. Antes de ser investigado, el caso fue manejado como una guerra sucia que intentó golpear a la mandataria y llevarla a juicio político, como denunciaron varios medios locales y el gobierno. Incluso se planteó la destitución de la presidenta, lo que fue caracterizado como un intento de golpe.

La pesquisa

La investigación de la muerte de Nisman quedó en manos de la fiscal Viviana Fein, quien fue sometida a duras presiones de los grupos opositores interesados en desviar la causa. Después de una indagatoria exhaustiva, donde actuaron los peritos de la Corte Suprema y las querellas, Fein dictaminó que no existían hasta el momento datos irrefutables de que Nisman hubiera sido víctima de un obrar homicida. Esto lo hizo ante una acusación de incompetencia formulada por los abogados de las hijas de Nisman y por la madre, quienes insistían, sin pruebas, en que fue homicidio.

En el marco de la presente actuación no se ha acreditado ni siquiera por una prueba directa, irrefutable y con la certeza exigible, al menos hasta ahora, que el deceso del fiscal federal Natalio Nisman fue resultado de un obrar homicida, subrayó Fein el 15 de diciembre pasado a varios medios. Dos días después, el pasado jueves la juez de la causa, Fabiana Palmaghini, apartó abruptamente a Fein.

Para varios analistas resulta premeditadamente casual que en estos momentos resurja el tema de Irán, en coincidencia con lo que exigen sectores duros de Washington, que la fiscal haya sido remplazada en horas –en una especie de golpe judicial– por la juez de la causa ligada a la derechista alianza gobernante, quien ya decidió varias medidas que suponen un intento de retrotraer la causa a sus inicios.