Cerca de 2 mil desalojos de viviendas se efectúan al año en la ciudad de México; en alrededor de 40 por ciento de los casos están involucradas organizaciones sociales, calculó el subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Juan José García Ochoa.

Se realizan cada semana de 30 a 40 acciones de desalojo; es decir, entre120 y 160 al mes. En todos los casos se cuida el protocolo, por lo que se da aviso a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), señaló.

En entrevista puntualizó que el gobierno capitalino no puede actuar a favor de ningún grupo, ni darle la razón a nadie mientras no exista una resolución judicial o se constate que se comete un delito.

Nos hemos enfrentado a denuncias sobre invasiones de predios; cuando se presenta personal del gobierno, de las delegaciones y de seguridad pública resulta que ni quien invade, ni quien es invadido pueden acreditar la propiedad del terreno. De esta forma las dependencias no puede actuar porque se trata de un conflicto entre particulares, sólo se cuida que no haya violencia y se les invita a que vayan al Ministerio Público, detalló.

García Ochoa calculó que 40 por ciento de los casos que se registran se debe a conflictos entre organizaciones. “Hay familias que gestionan una expropiación, compran un predio, pero luego se vienen los desacuerdos entre ellos, y algunas dicen: ‘no me muevo, no dejo que esto avance, hasta que no me den lo que pido’; entonces se frenan los procesos, y luego llengan las organizaciones a apadrinar a unos u otros”, narró.

Del mismo modo, los vecinos pueden acudir a uno u otro partido para que les ayuden a resolver el conflicto. Sin embargo, remarcó que no advertimos que estén con una política de promoción de invasiones, sino más bien están en la defensa de los intereses de alguna de las partes.

El subsecretario dio ejemplos. En la colonia El manto, en la delegación Iztapalapa, hay dos grupos, uno del Frente Popular Francisco Villa Independiente, el cual argumenta que compró el predio a un particular, y otro reseña como un señor que apoyado por vecinos asegura que es el propietario e hizo un desalojo aprovechando que había pocas personas. Horas después los Panchos se volvieron a meter.

Se les propuso salirse y que el Ministerio Público cerrará el predio hasta llegar a una solución. No aceptaron, lo que se hizo es mantener una línea de seguridad para evitar que se enfrenten a golpes. Se les consiguió una cita con el MP y que él determine de quien es la propiedad y ordene el desalojo, amplió.

Comentó el caso en la delegación Miguel Hidalgo, en el que el Instituto de Vivienda (Invi) obtuvo, después de un juicio de seis meses, que un juez ordenara el desalojo de un predio que estaba invadido por una organización que no permitía que se comenzara la construcción de departamentos. Había líneas de crédito autorizadas, las familias tenían contrato con el Invi, pero el grupo afirmaba que no dejaría iniciar sino le daban acciones.

Por lo que García Ochoa puntualizó que hasta en predios que son del gobierno capitalino puede haber problemas y se ha tenido que hacer un procedimiento ministerial.