Buenos Aires.

El presidente argentino, el derechista Mauricio Macri, decretó la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (AFTIC), entre otra serie de decretos que suman ya 34 desde que asumió el poder el pasado 10 de diciembre, y por lo cual diversos sectores advirtieron que este es un gobierno legítimo que se “está comportando como un gobierno de facto”.

El ministro de Comunicaciones, Óscar Aguad, ex diputado de la derecha de la Unión Cívica Radical (UCR), confirmó que Macri emitió un decreto a última hora de ayer (martes) para darlo a conocer este miércoles en el que dispone la intervención durante 180 días de los dos organismos que regulan las telecomunicaciones y los medios audiovisuales.

Dijo que para hacer cumplir la ley de medios, hay que remover (despedir) a Martín Sabbatella, titular de la AFSCA, y a Norberto Berner, de AFTIC, porque, dijo, no responden a la nueva estructura orgánica de la ley de ministerios, acusándolos de estar en rebeldía.

Según Aguad, esto justifica la intervención. Interrogado por la prensa sobre por qué no se recurrió al Congreso, el ministro macrista indicó que si el Parlamento no cumple con la voluntad del presidente, se debe recurrir a otras medidas.

Anunció que los interventores de ambos organismos serán Agustín Garzón, de la derechista Propuesta Republicana, y Mario Frigerio, tío de Rogelio Frigerio, funcionario del círculo cerrado de Macri, es decir militantes macristas.

Aunque Aguad dijo que por ahora la ley de medios no se toca, ya había adelantado que debía desaparecer como legislación. Desde la mañana de este miércoles, antes de este anuncio, el gobierno había rodeado con vallas y policías la sede de la AFSCA para impedir la entrada de sus titulares, lo cual provocó que diversos sectores políticos, organismos de derechos humanos y otros, convergieran en la calle Suipacha, en pleno centro de la ciudad, en rechazo al nuevo decretazo y a apoyar el ingreso de los titulares de ambos organismos.

También llegaron los diputados del opositor Frente para la Victoria y de izquierda al lugar, y personalidades como el jurista Eduardo Barcesat. De la represión a la protesta social, al avasallamiento de las instituciones republicanas democráticas, señalaba un cartel.

Barcesat sostuvo que Macri insiste en avasallar las instituciones y añadió que estas medidas y decretos desconociendo la Constitución y al Parlamento sólo se habían tomado durante las dictaduras militares.

Sabbatella pidió al ministro Aguad que si tiene algo para decir sobre el desempeño de mi función, que haga la denuncia, porque la ley contempla mecanismos de remoción. Presentó un amparo contra el decreto de Macri, y comunicó a Aguad que continuará en sus funciones hasta que exista una decisión judicial sobre la validez del decreto.

La AFSCA es un ente autárquico, autónomo, que no está sujeto a este tipo de decisiones, es un tremendo atropello, dijo Sabbatella, quien consideró que este gobierno “legítimo, tiene actitudes de un gobierno de facto, que no da cuenta de la ley vigente. Nos preocupan los vallados porque hay una sensación de estado policial”, y añadió que estará sentado en su escritorio con una ley que dice que tengo mandato hasta 2017.

Señaló que excepto la necesidad y urgencia de (el Grupo) Clarín o del gobierno de pagar los favores de la campaña, no veo motivos para este decreto, y denunció que no se aplique la ley de medios y sigan burlándose de la legislación destinada a acabar con los monopolios mediáticos.

Norberto Berner, titular de AFTIC, recordó que en estos dos organismos existe un directorio propuesto por distintas fuerzas políticas, además del Consejo Federal y la comisión bicamaral haciendo notar la gravedad de esta intervención, que de acuerdo con los juristas se trata de un intento de esquivar la ley de cualquier modo.

El gobierno del empresario Macri aduce que echó a Sabatella y Berner porque son militantes políticos afines a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, bajo cuyo gobierno se promulgó la ley de medios rechazada por el poderoso Grupo Clarín, que cuenta con 240 canales de televisión, entre otras plataformas de comunicación.

En otro decreto Macri dispuso que no se requiere ser abogado para dirigir la Oficina Anticorrupción, cargo con el que favoreció a Laura Alonso, en un nombramiento que provocó protesta de diversos sectores políticos porque no cumplía con los requisitos dispuestos en la ley de formación de esa institución.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Hugo Godoy, confirmó la convocatoria para el próximo 29 de diciembre a una jornada nacional de lucha con paros y movilizaciones en toda Argentina, en respuesta al anuncio del ministro de Modernización, Andrés Ibarra, sobre la revisión de 24 mil contratos de empleados públicos. Godoy advirtió que no se permitirán despidos masivos, y exigió un bono de fin de año para enfrentar la pérdida del poder adquisitivo derivada de la devaluación y los aumentos generalizados.