Caracas.

La Asamblea Nacional de Venezuela, aún dominada por el oficialismo, aprobó este miércoles las designaciones de 13 magistrados y 21 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en un turbulento cierre de sesiones entre protestas de la oposición, que advirtió que revisará los nombramientos al asumir el nuevo Congreso el 5 de enero, en el que tendrán mayoría.

La bancada chavista aprobó por mayoría simple las designaciones de los magistrados del máximo tribunal del país luego de cuatro sesiones, que se realizaron por dos días consecutivos, en las que la oposición rechazó en bloque las postulaciones alegando que no se cumplieron los requisitos legales.

El presidente del Congreso, el diputado Diosdado Cabello, anunció la aprobación por mayoría constitucional de los nombramientos de los magistrados.

La bancada oficialista aprovechó la sesión para juramentar a los nuevos magistrados, acto en que la oposición abandonó la sala del Congreso a manera de protesta.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que logró en las elecciones del 6 de diciembre una mayoría calificada al alcanzar 112 de los 167 diputados, aseguró que revisará los nombramientos de los nuevos magistrados y podría anularlos si no cumplen con los requisitos de ley.

En otro orden, la MUD afirmó este miércoles que el oficialismo retrocedió en su maniobra de impugnar ante el Tribunal Supremo la elección de 22 diputados opositores, ante su pronta denuncia de lo que había calificado de intento de golpe judicial.

Sin embargo, el TSJ emitió desde el martes mismo de la denuncia un comunicado en el que señalaba que la sala electoral no había recibido ninguna acción judicial esta semana con el objeto de impugnar los resultados de las elecciones parlamentarias realizadas el pasado 6 de diciembre.

Mientras, la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) denunció que es objeto de una campaña de desprestigio internacional implementada desde Estados Unidos, en la que se vincula a la compañía con hechos ilícitos atribuidos a ciudadanos venezolanos. La petrolera condenó cualquier conducta ilícita y ratificó sus procedimientos de contratación y transparencia apegados a las leyes venezolanas.

Acorde con versiones de prensa, autoridades estadunidenses habrían detectado un supuesto esquema de sobornos por al menos mil millones de dólares para ganar contratos de la firma. Según esto, detuvieron a los empresarios venezolanos Roberto Rincón y José Shiera Bastidas, que operan en Texas y Florida, investigados por presunto lavado de dinero.