Juicio político contra Carlos Romero Deschamps, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), solicitaron organizaciones disidentes del gremio ante la Oficina de la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República (PGR) y otras instancias legislativas y penales del país.

El Frente Nacional Petrolero y la Gran Alianza Nacional Petrolera emitieron una convocatoria para que los trabajadores del gremio, y el pueblo en general, firmen la petición de dicho juicio político contra el dirigente sindical.

En el documento presentado ante instancias gubernamentales, como la Secretaría del Trabajo, la Auditoría Superior de la Federación y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, hacen un recuento de las violaciones, actos de corrupción e ilegalidades en que supuestamente ha incurrido Romero Deschamps. Señalan que toda su dirigencia está fuera de contexto legal, por violaciones flagrantes a los estatutos sindicales internos, incumplimiento de la Ley Federal del Trabajo e incluso de la Constitución, así como por extravío del patrimonio del gremio y fraude a la nación.

Ante ello demandan realizar un juicio político al dirigente, y aseguran tener documentos que comprueban actos de corrupción, venta de plazas y de protección sindical; canalización ilegal de recursos federales a dicho sindicato e incluso que este gremio opera redes de tomas clandestinas de oleoductos y gasoductos para el robo de hidrocarburos y otros derivados del petróleo, lo que ha causado gran daño a Pemex y al país.

En su petición hacen un enorme listado de las innumerables averiguaciones previas contra el dirigente, entre otras: la SC/8901/983 y la SC/8902/983 referentes a denuncias contra el sindicato porque Pemex le entregó a este gremio 15 mil millones de pesos para la construcción de viviendas que nunca fueron edificadas; el proceso UEDO182/2000 por el caso Pemexgate, aún vigente y que dio origen a la creación en las Bahamas de la empresa Arriva Limited; el caso conocido como 43.2 millones de dólares que fueron depositados por dicho sindicato en el Donaldson, Lufkin & Jenrette, en Nueva York.

De igual manera, hay procesos legales iniciados por ductos dañados por miembros del STPRM, la cual se presentó ante la PGR, cuando el agente del Ministerio Público Miguel Ángel Piña Lara tomó conocimiento del caso que involucra a dirigentes sindicales con empresas del corporativo Saint Martin Ambiental, Lico y Aqua Press, por la que se presentó la denuncia 238/2005. Incluso hay tres órdenes de aprehensión contra Romero Deschmps, derivadas de los expedientes penales 206/2003 y 207/2003 del juzgado décimo tercero de distrito en materia penal. Incluso en varios procesos se han dictado autos de formal prisión contra el dirigente, que nunca se concretaron.

Dichas organizaciones buscan acompañar su demanda de juicio contra Romero Deschamps con las firmas de petroleros jubilados, activos, técnicos, profesionistas y familiares, así como ciudadanos.

Señalan que es urgente la investigación y realizar auditorías en el sindicato, pues su líder se ha convertido en un próspero mercader de la representación sindical, en tanto que hay una ceguera de los gobernantes, funcionarios de Pemex, autoridades judiciales y legisladores a todo lo que sucede en el STPRM. Bastaría que la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria, investigaran un poco la procedencia de las millonarias cuentas que los referidos tienen en los bancos extranjeros y nacionales; la infinidad de propiedades que detentan en varias entidades petroleras del país y en otras partes del mundo; y su participación en varios emporios habitacionales, bares y casinos.

Las organizaciones piden que en virtud de que ninguna averiguación previa ha procedido, se integren todas ellas para fundamentar el juicio político y desafuero del mismo, se concrete la orden de aprehensión y se demuestre que no hay intocables en este gobierno.